Una jueza de Mendoza aseguró que no se puede detener a las personas que violen la cuarentena

Alejandra Mauricio declaró inconstitucional el artículo N° 4 del DNU presidencial que prevé la detención de las personas que violen el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecido desde mediados de marzo. El fallo fue dictado hace algunas semanas, pero cobró notoriedad durante los últimos días en medio de la disputa entre la Casa Rosada y la Gobernación mendocina.

“El Presidente está facultado para restringir derechos y garantías de las personas en una situación excepcional como ésta, incluso se lo permiten algunos pactos internacionales” explicó Mauricio, aunque aclaró: “Lo que no puede es decir que el cumplimiento de estas restricciones configuraran un delito del Código Penal porque lo tiene prohibido por la Constitución Nacional y eso es lo que yo he declarado inconstitucional”.

De esta manera, según Mauricio, “los primeros decretos quedan vacíos de contenido sancionatorio” y explicó su resolución al asegurar que dispuso la inconstitucionalidad del artículo N° 4 del DNU firmado por Alberto Fernández “porque el artículo N° 99 de la Constitución le prohíbe al presidente de la República Argentina emitir decretos de necesidad y urgencia que legislen en materia penal”.

Mauricio recordó que en el inciso tercero de dicho artículo -que refiere a las atribuciones del Presidente- se hace la salvedad expresa de que esos decretos de necesidad y urgencia nunca pueden legislar en materia penal, tributaria y de partidos políticos.

Entonces, para la jueza, la gente no puede estar privada de su libertad y ningún ciudadano puede quedar sometido a proceso por dicho DNU y recordó que “lo que está prohibido no puede ser convalidado por el Congreso de la Nación”.

Así explicó: “Todos los DNU tienen un mecanismo muy estricto que requieren la convalidación del Congreso. Si bien el Parlamento ha convalidado muchos de estos decretos de la cuarentena, que, para mí, muchos están convalidados fuera de término porque no están cumplidos los plazos, nunca puede convalidar lo que es nulo de nulidad absoluta e insalvable como lo dice la Constitución”.

En tal sentido, la jueza Mauricio consideró lo que podría llegar a hacer el Congreso de la Nación ante esta situación: “Emitir una ley que diga que el Presidente tendrá las facultades para declarar los períodos de cuarentena y establecer las restricciones y decir que ese incumplimiento será del tipo penal del art. N° 205 y el N° 239, pero tiene que ser una ley emitida a través de los mecanismos constitucionales, no una convalidación”.

Mauricio contó que se inspiró en las declaraciones del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, y que se encuentra muy tranquila con su conciencia porque siempre se manejó del mismo modo: “Hasta ahora no he tenido presiones; sí felicitaciones de colegas y de vecinos. No tuve miedo, estoy acostumbrada a hacer rebeliones” aseguró.

En este sentido, aseguró que “el que no tiene valentía para ser juez tiene que ir a su casa” y recordó que “la Constitución tiene que regir independientemente de quién sea el que gobierna. Es nuestro deber, para eso nos pagan”.

Desde su punto de vista, consideró que es mucho más eficiente la multa que un proceso penal: “Tenemos alrededor de siete mil procesos por violar la cuarentena. Los únicos que se están juzgando son los que tienen personas privadas de la libertad, que son los mínimos. El resto de los procesos van a morir porque es imposible tramitarlos todos” advirtió y para sostener su argumento, recordó que, en su provincia, el manejar en estado de ebriedad tiene multas económicas altísimas que rondan los cien mil pesos: “Cuando comenzó a regir esta ley fue categórico cómo bajaron los accidentes de tránsito por estado de ebriedad. Acá esto se cumple mucho y demuestra que la multa produce más efectos que un proceso penal que termina en la nada, malgastando el dinero de los contribuyentes” afirmó.

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