Un nuevo acercamiento al principio precautorio del Derecho Ambiental

Por Juan Francisco Barbaro

 

En anteriores entregas, hemos hecho referencia a la importancia del principio precautorio para el derecho ambiental y la influencia del mismo en el desarrollo de actividades que pueden tener un impacto cierto o potencial en el medio ambiente.

Recordemos que este principio, también conocido como in dubio pro ambiente o in dubio pro natura, establece que en caso de duda respecto a la inocuidad de un producto o actividad sobre el medio o salud humana, debe estarse a favor del ambiente y en contra de la actividad contaminante o nociva; la norma impone que ante la existencia de una amenaza al medio ambiente, la incertidumbre científica existente en relación a aquella no justifica la no adopción de medidas, correspondiendo actuar igualmente para prevenir o disminuir el agravio sobre el bien jurídico, estableciendo una tutela de anticipación a fin de evitar el daño. Este principio, fue receptado en nuestra legislación en el año 2002, en el artículo cuarto de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

A nivel local, el principio resulta trascendental a la hora de analizar el impacto de las actividades productivas de la región, en tanto a partir de su invocación se pone en cuestionamiento los métodos y prácticas de distintas actividades, fundamentalmente, la utilización de agroquímicos en la producción agraria. Tal es así, que diversos fallos judiciales han cuestionado la seguridad para la salud humana de la utilización de agroquímicos en predios rurales vecinos al ejido urbano, suscitando acalorados debates entre visiones que pueden identificarse como “ecologistas” y “productivistas”, discusión que muchas veces se deforma hasta recaer en la engañosa antinomia entre vida urbana y rural, que nos acerca a diferendos propios de otros siglos.

Si bien la distribución y uso de estos productos agroquímicos no se encuentra prohibido, la comunidad científica no ha arribado a una decisión concluyente respecto de la inocuidad de los mismos en todos los casos o situaciones posibles, aún más allá del uso aceptado o permitido que pudiera dárseles.

Es por ello que los jueces suelen recurrir al principio precautorio a fin de poner de resalto la preocupación de la comunidad internacional en relación al uso de la tecnología y el impacto que esta tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, impacto que, dado el veloz avance fundamentalmente de la industria biotecnológica y agroquímica, no ha podido ser evaluado y mensurado en su total alcance.

Sin embargo, y tal como antes refiriéramos anteriormente, el principio posee limites cuyos márgenes podemos observar delineados en dos fallos de nuestro máximo tribunal: los casos “Salas” de 2008 y “Telefónica Moviles” de 2019. En estos precedentes, nuestra Corte Suprema ha expresado cuales son las reglas a las cuales debe someterse la aplicación del principio a fin de lograr un pretendido equilibrio entre los distintos intereses en juego.

En el primero de los Fallos, Salas, la Corte indico que la aplicación del Principio Precautorio conlleva “armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable”; que “no debe buscarse oposición entre medio ambiente y desarrollo, sino complementariedad”; y que “la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras”.

Por su parte, en Telefónica Móviles el Tribunal ha expresado que: “la aplicación del Principio Precautorio requiere un mínimo de demostración de la posible concreción del daño”, lo que implica que “debe existir un umbral de acceso al Principio Precautorio, ya que de lo contrario siempre se podrá argumentar que cualquier actividad podrá causar daños”.

En este ultimo fallo, el Juez Lorenzetti por lo tanto exige que para la correcta aplicación del principio, no solo se señalen los riesgos o daños hipotéticos o conjeturales, sino que debe acreditarse la verosimilitud del derecho que deberá de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa. A su entender, debe demostrarse la “posible concreción del daño” mediante alguna clase de evidencia “dura” como, por ejemplo, alguna constatación oficial, algún dictamen pericial, algún informe de organismos del Estado, u otro medio.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exige para la correcta aplicación el principio que exista un juicio de ponderación razonable del perjuicio, con un adecuado balance de riesgos, costos y beneficios”, que la eventual prohibición de una actividad sea proporcional al daño que se pretende evitar, que exista demostración previa de la posible concreción del daño, y que se trate de una medida excepcional.

A modo de conclusión, corresponde reiterar que la finalidad del Derecho Ambiental no es en ningún caso la eliminación de las actividades productivas, sino, por el contrario, que las mismas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, estableciendo limites racionales a las actividades del hombre, en la búsqueda de un equilibrio armónico entre desarrollo social y ambiental, sin priorizar de forma absoluta uno por sobre el otro, en tanto ambos se interrelacionan y son interdependientes, siendo la trascendental función del derecho la de regular y armonizar los conflictos a fin de que el progreso sirva, en definitiva, al desarrollo humano.

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