Negligencia agraria y medio ambiente: una denuncia que incita al despertar de conciencia de todos

Hace ya algún tiempo que el uso de agroquímicos y por ende, sus consecuencias, dejaron de
ser de agenda exclusiva de ingenieros agrónomos para pasar a formar parte de un debate
social y cultural, que involucra modos de pensar, de concebir la realidad y la conciencia de la
importancia en el cuidado medioambiental. En Suárez, hace meses, ese debate se reavivó en el Honorable Concejo Deliberante y a partir de un hecho de negligencia y una denuncia presentada en mesa de entrada del Municipio la semana pasada, se reaviva la puja proteccionista y el debate en torno a las regulaciones vigentes sobre los circuitos productivos y la correcta aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

Inés Dorado es miembro activo de la ONG Evolución Ambiental y radicó -el pasado jueves 6 de febrero- una denuncia por “acopio clandestino de envases fitosanitarios en planta urbana”; a partir de la que expuso el accionar negligente de un vecino que había desechado alrededor de 50 envases fitosanitarios y dejado un mosquito (máquina fumigadora) en una zona periurbana; más concretamente en la avenida Castilla, en un terreno cercano a la intersección de las Cinco Esquinas.

A partir de tal suceso, Dorado -que está asesorada por Marcelo Schwerdt, productor
agroecológico y asesor de productores agroecológicos de Guaminí- hizo un registro fotográfico y de videos, que reenvió a la técnica Magdalena Graff -subdirectora de Medio Ambiente Municipal-, quien se hizo cargo de lo denunciado y en labor conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrario, labraron el acta de infracción correspondiente, tras identificar al propietario del mosquito: “le envié las fotos a Magdalena, fueron con el Ministerio de
Desarrollo Agrario, labraron un acta de infracción por tener el mosquito en planta urbana, y
ese acta ahora pasa a La Plata y ya depende de Provincia, no del Municipio y le va a llegar,
eventualmente, una multa por el mosquito” contó la denunciante y agregó: “Cristian Ibarra
(delegado de fiscalización vegetal que depende del Ministerio) me comentó que ellos no
pueden actuar sobre los envases porque pertenece al Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS)”.

“El jueves presenté una carta denunciando esta situación. En ella, pido información sobre
quién es el dueño del mosquito, quién es el dueño del predio, quién autoriza ese centro de
acopio clandestino, dónde se compraron los productos, dónde se aplicaron y quién transportó los envases, desde la zona de aplicación hasta ahí; y por otro lado, pido una acción concreta que es que se radique el depósito clandestino fuera de planta; que se clausure ese espacio; que se prohíba, en el territorio de Coronel Suárez, la venta, uso y expendio de fitosanitarios hasta que se regularice la comercialización como indica la ley. También, que se haga una capacitación obligatoria a toda persona que comercialice, consuma o aplique; la sanción y reparación económica y sanción a todos los actores del circuito comercial y de aplicación de los productos fitosanitarios” explicó Inés.

En este caso, se trata de envases que no son reutilizables; para los que es necesario hacer un triple lavado y una perforación: “vos ves, en cualquier campo, que se reutilizan los envases; que los envases quedan tirados ahí y quizás los usan para bebederos, para comederos” observó la denunciante y aseguró que, si bien no cree que haya “una intención de dañarnos por parte de los productores, pero sí hay una clara ceguera o una clara confianza en lo que, a ellos les dijeron, que no es dañino”.

En ese sentido, el otro pedido que hizo extensivo en su carta “es la apertura de una causa penal porque se trata de una violación a una ley nacional y esto va a causa penal y ya ha sucedido así en otros Municipios. Que se judicialice sería el último recurso”. En esta línea, resaltó la “falta de responsabilidad del Municipio” pero sin hacer distinciones
políticas: “me refiero a la gestión actual y a la gestión anterior. Cuando hablo de Municipio me refiero a quien está gobernando” aseguró.

El pedido tiene que ver con que “todos hagan lo que tienen que hacer y que se haga un
peritaje de todos los depósitos para ver si están cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas y lo que éstas indican como, por ejemplo, que un depósito debe estar a 600 metros de cualquier hogar, cosa que no pasa en la ciudad” indicó Inés y agregó que, a partir de esta denuncia, su propósito “no es establecer una confrontación, sino que haya toma de
conciencia. No hay una discusión sobre si esto es dañino, o no, para la salud, si no que
tenemos una legislación vigente, que es nacional, de la que todos los actores sociales de este
circuito tienen que estar al tanto y tienen que respetarla”.

La actualidad legislativa

Actualmente, dentro del marco legislativo que regula estas prácticas, existe la ley N°27.279
que, en su Artículo N°8, explica que queda prohibido, en todo el territorio argentino, descartar, quemar o abandonar, envases fitosanitarios. A su vez, la ley aborda el correcto tratamiento sobre esos envases fitosanitarios que, por el tipo de producto que contienen, deben tener una recolección diferenciada. En ese sentido, se indica que se tiene que conformar un Padrón de Aplicadores, un Padrón de Vendedores, de Usuarios y un Sistema Único de Trazabilidad; lo cual significa que quien compre un producto, deba nomenclarlo y después, ir al Centro de Acopio Transitorio (CAT) -que es en donde se descartan esos envases-.

En definitiva, se trata de una ley que establece un circuito y un modo de manejarse sobre estos materiales pero, en nuestra localidad, el conflicto comienza porque no existe ningún CAT creado, por lo que esa recolección y el pertinente control dependen del Municipio: “en
Desarrollo Agrario me decían que el Municipio tiene que habilitar un espacio para que se
forme el CAT” pero en este punto, una de las primeras trabas que obstaculizan el proceso es
que el Plan Director no está actualizado. Sobre eso, Dorado refirió a un ejemplo muy concreto: “los barrios ProCrear de la Colonia 1, en el Plan Director, figuran como zona rural y
visualmente, desde lo que uno puede observar como ciudadano, es una zona urbana, pero si
ahí, hoy fumigan y se presenta una denuncia alegando que es zona urbana, no tiene aval
porque en el Plan Director aparece como zona rural”.

Además de existir un marco legal dentro del que encuadran determinados modos de hacer y
actuar correctamente en la producción agrícola, puntualmente en relación al cuidado
medioambiental y de la salud; también existen las que se conocen como buenas prácticas
agrarias que hacen referencia a una manera de producir y procesar los productos
agropecuarios de modo que, los procesos de siembra, cosecha y post cosecha de cultivos,
cumplan los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y en pos del cuidado del ambiente. De este modo, esas buenas prácticas deben promover que los productos agrarios no hagan daño ni a la salud humana ni al medio ambiente, como tampoco a los animales que lo habitan. Además, que protejan la salud y seguridad de los y las trabajadoras y tengan en cuenta el correcto uso o manejo de insumos agrarios.

Si bien los fitosanitarios no son inocuos para la salud humana, su peligrosidad varía de acuerdo al nivel de toxicidad. En ese sentido, el riesgo asociado a su uso depende de las dosis aplicadas, el tipo y las mezclas, por lo que su uso responsable es indispensable para prevenir daños. Sobre este punto, la única ley que existe es la ley de Envases (N° 27.279), que establece que, en la medida en que no se forme un Sistema Único de Trazabilidad para el rastreo de envases y el CAT, se debe prohibir la venta. “Hay un caso muy reciente en La Pampa, tras el que, ante la inexistencia de los CAT, se definió la prohibición de venta. Entonces, hay un marco regulatorio y hay que hacer presión para que, al menos eso se respete y me parece que ahí, son los actores sociales del circuito productivo los que se tienen que hacer cargo y responsabilizarse y son ellos los que pueden ir al Municipio y exigir la creación del Centro CAT” comparó Dorado.

Dentro del circuito productivo de trabajo agrario, figuran cuatro actores sociales involucrados: el que vende el producto; el usuario -que viene a ser el productor o la productora-; el aplicador o la aplicadora y el transportista autorizado -es decir, la persona que transporta los envases-. De este modo, y según la ley N°27.279, se habla de “responsabilidad compartida”, es decir que, esos cuatro actores tienen la misma responsabilidad.

“La realidad es que no hay ningún tipo de control sobre esto” sentenció Inés que aseguró
también que, desde Desarrollo Agrario, detallaron que el procedimiento se da de un cierto
modo en nuestra ciudad: “me dijeron que los productores que están cercanos a hogares, van al Ministerio de Desarrollo Agrario con la receta agronómica descrita por un ingeniero
agrónomo, con los productos que van a utilizar, entre 24 y 48 horas antes de la aplicación, para que, si algún vecino llama a Patrulla Rural para denunciar y ésta verifica que el productor tiene la receta agronómica, le permiten seguir fumigando. Ahora, si llegara a pasar que se llama a Patrulla Rural y quien está fumigando cercano a un hogar, no tiene receta agronómica, o no tiene registrado el mosquito, o no está el aplicador certificado ni el ingeniero agrónomo, ahí sí se hace una infracción y se labra un acto como en este caso”.

De esta manera, el accionar de quienes trabajan en el rubro, queda expuesto al parecer y
conveniencia de cada uno porque, si bien existen recomendaciones sobre lo que ‘debería
hacerse’, no dejan de ser recomendaciones más que obligaciones concretas: “la ley N°10.699 de Fitosanitarios establece una distancia sólo para fumigaciones aéreas, que es de 2.000 metros, pero lo que es fumigación terrestre -que es lo que más sucede en periurbano-, no está legislada, entonces, el ingeniero agrónomo cuando expide una receta, hace una recomendación de dejar 50 metros, pero es una recomendación que queda a libertad del productor” explicó Inés.

Por otro lado, además de la Ley N°27.279 antes nombrada, existe una Ley Provincial que es la N°12.475, que se llama ‘Sobre el derecho a documentos administrativos’, lo que quiere decir que todo ciudadano que tenga la plena intención de informarse, tiene derecho a recibir
información “y eso es lo que yo le estoy pidiendo al Municipio” enfatizó Dorado, quien contó:
“soy una apasionada por la naturaleza, y nosotros vivimos en un ecosistema que se llama
pastizal, que es uno de los ecosistemas con menor protección ambiental en el mundo (con
prácticamente, un 0,02% de reservas), entonces me parece muy importante preservar este
ambiente, que no perdamos la biodiversidad porque eso afecta en nuestra vida y es
irrecuperable”.

“Que todas las personas que tienen el gran privilegio de ser propietarias de una gran extensión de tierra, puedan investigar un poco sobre qué es lo que está pasando en su territorio e informarse sobre el correcto uso al realizar este trabajo y la afección que produce la negligencia y mala aplicación, es sumamente importante” agregó la denunciante.

Además, hay (para todo aquel que quiera indagar e informarse al respecto) un proyecto
escrito, que se llama ‘Áreas valiosas de pastizal’, que remarca que en éstas zonas hay gran
cantidad de fauna que es estricta de pastizal, es decir, que corresponden a este ambiente: “no son endémicas, no es que sólo pueden habitar acá, pero son claves en el desarrollo de este ambiente como son el tero o las inambú, que son las que nosotros llamamos perdices; y aunque no estemos tan concientes, nosotros estamos muy ligados a eso” agregó.

Despertar de conciencia y cuidado social

“Lo que pretendo es que, así como yo fui como persona individual a hacer esta carta de denuncia, cada uno de los ciudadanos que ven un mosquito circulando en vía pública, bidones o envases en vía pública; hagan lo mismo. La realidad es que estamos re acostumbrados a ver estas cosas, pero es importante resaltar que pueden acercarse al Ministerio de Desarrollo Agrario y decirlo. Te toman el nombre, pero nadie va a revelar tus datos en ningún lado”
aseguró Inés, instando a que los vecinos y vecinas suarenses que distingan estas
irregularidades en cualquier punto de la ciudad, no duden y se acerquen a los espacios que
recepcionan y actúan sobre esas infracciones.

Se trata de hechos y acciones que, con el correr del tiempo, se han naturalizado y muchas
veces, quienes presencian o conviven con estas infracciones -que constituyen una ilegalidad-,
no son concientes de la relevancia y malestar que eso genera en muchos aspectos, ya que no se trata de un área puntal ni tiene que ver con quienes están involucrados en el área de la
producción o el trabajo agrícola, dado que las consecuencias de esta negligencia afecta -a
mediano o largo plazo-, la vida de todos.

“Todo esto no es para molestar a las personas que producen, si no para reeducar a la gente. Es muy importante que la Sociedad Rural, que tanto se ha presentado en el Concejo Deliberante en relación a la ordenanza para el tratamiento del uso de agroquímicos, se dediquen a dar capacitaciones e informen sobre el manejo de envases. Son una entidad, son quienes están respaldando a los productores” sentenció Inés.

En este sentido, mientras las acciones continúen desarrollándose del mismo modo que hasta
ahora, o sin prestar atención a la cotidianidad de estos actos, la única medida que quedará
será -tal como ocurrió en La Pampa- prohibir la venta, lo que probablemente, despertará
mayor malestar y ensanchará la brecha -ya existente- entre ambientalistas y productores
agrícolas.

“Como ambientalista tengo una autocrítica para hacer porque, mi idea y mi forma de encarar
esto no es una lucha, sino un despertar de conciencia. Yo creo que, si uno no va con un
discurso amoroso y empático, no puede pretender, del otro lado, recibir algo amoroso y
empático. Si vamos desde el choque a decirles ‘me estás matando’ -que es una realidad- a una persona que está con otra mentalidad, no va a haber un diálogo y la idea es que lo haya”
reflexionó Inés y aseguró -tomando la voz por los ambientalistas-: “no nos queremos meter en su negocio, no estamos en contra de que ganen dinero, no estamos en contra de que
produzcan, sino que pedimos que hagan las cosas dentro de lo legal y lo que corresponde para el cuidado del medioambiente”.

La importancia de plantear el debate y la postura propia “de forma amorosa”, es esencial para ella dado que, el pedido radica en un cambio de raíz en algo que “para ellos no es de la manera que nosotros lo vemos. Ellos tienen la sensación de que nosotros nos queremos meter en su negocio”.

Sobre lo ocurrido, Inés manifestó que tiene “muy pocas expectativas con lo que pueda
suceder” pero, a pesar de ello, sostiene la esperanza de que su actuar sirva “para que las
personas que se manejan de esta manera, empiecen a estar más atentas y se manejen mejor y que quienes se manejan de manera correcta, se expresen y cuenten cómo ellos hacen buenas prácticas agrícolas”. Aunque sí mantiene expectativas en relación a cuál será el accionar del Municipio: “que abran un expediente sería lo que corresponde”.

En ese sentido, destacó el rápido y eficiente accionar de la sub Directora de Medio Ambiente,
así como la predisposición de quienes trabajan en el área y el Ministerio en cuestión: “le envié
un mensaje de whatsapp el miércoles a la noche con la foto y los videos y el jueves a la
mañana, ella estaba con Desarrollo Agrario labrando el acta; por eso destaco la buena
predisposición de Magdalena y del Ministerio, que hicieron todo hasta donde ellos podían
llegar”.

Cambios de paradigma

Inés es parte de una familia en donde la producción agraria y la ingeniería agrónoma son
fuente de empleo. En ese contexto, ella contó que mantiene charlas con su madre -que es
ingeniera agrónoma-, así como con otras personas de su entorno que producen “y no creen en esta información y para mí, no hay una mala intención, pero esa es una responsabilidad que necesitamos en favor del ambiente: poder ser más empáticos, bajar la guardia y humanizarnos porque la realidad es que, nos guste o no, a esas personas las necesitamos y necesitamos poder establecer un diálogo”.

Dentro de esa línea -y asumiendo que, probablemente, sus compañeros de la Asamblea
Medioambiental no estén de acuerdo con sus palabras-, Inés cree que si ellos (los productores) “no están interpretando, hay cierto rechazo y enojo, nosotros tenemos parte de la responsabilidad. Uno tiene que estar abierto al diálogo porque sin esas personas, nosotros, no podemos hacer nada”. A raíz de esto, se refirió a la necesidad de un cambio de paradigma que, “quienes estamos a favor de la salud y el ambiente también tenemos que hacer porque si no, es un consumo energético muy grande”.

“Desde mi perspectiva, el modo no es el enfrentamiento porque nosotros estamos haciendo lo que creemos que es lo mejor y desde el otro lado, están haciendo lo que ellos creen que es lo mejor” concluyó y enlistó las tres cuestiones que considera relevantes dentro de este debate con múltiples posiciones: “primero que, para mí, la felicidad es la salud; segundo, entiendo que cualquier cambio genera miedo y eso es lo que está sucediendo y yo los quiero acompañar en ese miedo que tienen; y tercero, todas las personas somos naturaleza, aunque no nos creamos, y necesitamos cuidarnos, no dañarnos”.

En ese escenario y ante la conciencia de que hay una necesidad de que se produzcan cambios radicales en materia contextual, de trabajo, de aplicación y hacia modos más empáticos, “salirnos del juicio es esencial; yo no estoy para juzgar a quienes producen o a esta persona que dejó esos envases; sí estoy para hacer un llamado de atención y hacerlo saber que eso está fuera de lo que es un marco legal”.

Si bien, en mesa de entrada del Municipio, aseguraron que dentro de la próxima semana le
darán una respuesta, Inés aseguró que su máxima expectativa está puesta en que los
productores “se puedan responsabilizar dado que ellos están tan convencidos de la forma en
que trabajan, de que es así y que está bien”. Entonces, cuando surgen los problemas
consecuentes de un actuar negligente, “es de ellos de dónde tiene que salir la información y
sería re importante ver una responsabilidad y que tomen las medidas que tanto defienden en
buenas prácticas agrícolas. También desde el Municipio, que tiene que dar una respuesta y por último, responsabilizarnos como ciudadanos, es decir, cada persona que habita en el territorio argentino, tiene la posibilidad de registrar estas acciones y está en todo su derecho de hacerlo” e insistió que no hay un único y correcto modelo de carta, sino que se pueden escribir de la manera que a cada uno le surja. Además, aconsejó: “pueden citar la ley N°27.279 y los artículos N°41, 42 y 43 de la Constitución Nacional que hablan del acceso a un ambiente sano”.

“Somos muchas las personas que ya estamos despiertas y con una toma de conciencia con
respecto a esto, entonces no hay que esperar que las cosas vengan de arriba, si no participar, ser actores activos”.

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