Los niños, niñas y adolescentes según la ley: son sujetos y no objetos de derechos

Actualidad jurídica en Derecho de Familia

Por Lucrecia Sportelli

Abogada-Mediadora especializada en Mediación Familiar

FB: SportelliBarbaro Abogados

“Todos vivimos en el tiempo. Cada uno vive en su tiempo, que debe ser respetado por los demás. Importa que cada uno viva en su tiempo, en armonía con el tiempo de los demás. El niño vive en el minuto, el adolescente vive en el día, y el ser adulto, ya ‘impregnado de historia’ vive en la época; los que ya partieron, viven en la memoria de los que quedan y en la eternidad. Cada uno vive en su tiempo, pero todos los seres humanos son iguales en derechos”. Voto concurrente del Juez Cançado Trindade, opinión consultiva OC-17/2002, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

El concepto de niñez y adolescencia es una construcción social, política y cultural que cada sociedad presenta en un determinado tiempo y lugar.

Por tal motivo, su definición ha estado en continuo desarrollo y evolución, constatándose distintas concepciones en diferentes momentos históricos que explican las características de los niños, niñas y adolescentes (en adelante los nombraré NNA).

Estas características atribuidas en determinado tiempo y lugar a los NNA han servido para guiar la forma de relacionarse con ellos.

Y es así que podemos observar que las primeras aproximaciones para conceptualizar la niñez estuvieron marcadas por una posición que los consideraba como seres que debían ser dirigidos, controlados y corregidos por personas adultas, vinculándose en una relación asimétrica y desigual, en la que el adulto ostenta el poder y un lugar superior a los niños, niñas y adolescentes (NNA). Se los trató normativamente como objetos de protección, objetos de tutela y no como sujetos de derechos.

Evolucionando en esta forma de verlos y tratarlos, a fines del siglo pasado el Derecho Internacional abrió un camino en tal sentido, y comenzaron a consagrarse los derechos de los NNA en distintos documentos o tratados internacionales que poco a poco cada país fue incorporando a su legislación nacional.

Un antes y un después: La Convención de Derechos del Niño

Así es como las Naciones Unidas en el año 1989 dicta la Convención de Derechos del Niño, reconociéndose por primera vez a los NNA como sujetos de derechos y convirtiendo a los adultos en sujetos de responsabilidades. Es así como se establecen las obligaciones de los Estados, los poderes públicos, los padres, las madres y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños y niñas, para garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún tipo.

Con el nuevo paradigma que establece la Convención, el niño deja de ser objeto de tutela para convertirse en sujeto activo de derechos. Y la diferencia no es sólo terminológica: al considerarse al niño objeto de protección, se trata tan sólo de satisfacer sus “necesidades”: de alimentación, educación, salud. En cambio, hoy esas necesidades se visualizan como “derechos”: hoy el niño tiene derecho a la alimentación, salud y educación y en forma activa y gracias a los instrumentos legales que lo protegen, puede exigir el goce y cumplimiento de esos derechos.

Ser sujeto de derechos implica poseer derechos humanos básicos y en esta Convención por primera vez se los identifica y enumera con respecto a los NNA, estableciendo cuatro principios básicos fundamentales:

1.- La no discriminación

2.- El interés superior del niño

3.- El derecho a la vida, la supervivencia y de desarrollo

4.- La participación infantil.

La Convención fue ratificada por nuestro país en el año 1990 y en 1994 se le otorgó rango constitucional (significa que tiene el mismo valor legal que nuestra Constitución Nacional). Esto implica también para nuestro país, que el Estado se encuentra obligado a garantizarle a todos los NNA de Argentina los Derechos que la Convención enumera.

Y esto no es un detalle menor, ya que la misma Convención establece en su art. 2 una clara referencia a la acción que los estados deben realizar para proteger estos derechos, siendo ello un mandato que emerge de la misma norma, es una conminación a actuar, a dictar medidas de acción positiva, no debiéndose quedar en una simple expresión de deseos: “1.- Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.

En tal sentido la reforma de 1994 de nuestra Constitución Nacional incorporó un nuevo inciso al artículo 75, referido a la niñez, la igualdad positiva y la seguridad social: Art. 75 inc. 23: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

De esta forma se dispuso la sanción de leyes estableciendo acciones positivas a favor de los NNA, sancionándose en consecuencia en el año 2005 la Ley 26.061 denominada “Ley de Protección Integral de Niños/ñas y Adolescentes”. De esta forma, Argentina dicta una ley propia basándose en la Convención de Derechos del Niño, abordando definitivamente en forma “local” y a la altura de la Convención mencionada, la temática de la niñez y garantizando medios que aseguren la eficacia de los derechos de los NNA. Su artículo 1º establece que el objeto de la ley es la “…protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. …”.

El lugar del niño y el adolescente en el Nuevo Código Civil y Comercial

Desde el año 2010 en nuestro país la mayoría de edad se adquiere a los 18 años.

En consonancia con ello nuestro Nuevo Código define a la persona menor de edad como aquella que no ha cumplido los 18 años.

Y realiza una segunda distinción, al diferenciar expresamente a los niños y niñas de los adolescentes, en total coherencia con la más moderna doctrina dictada en materia de infancia, que reconoce que no es lo mismo un niño que un adolescente. Ello en virtud del propio ciclo madurativo que hace que el NNA a medida que crece y se desarrolla, adquiera aptitudes que le permiten mayor capacidad de ejercicio de sus derechos (principio de autonomía progresiva de NNA).

Y este trato diferente entre personas mayores y menores de edad no es per se discriminatorio, por el contrario, sirve a los fines de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos expresamente al niño.

Así es como el Nuevo Código en su artículo 25 denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años. Y desde esta distinción, se reconocen ciertos derechos en forma anticipada en favor del adolescente, haciéndose eco del principio de autonomía progresiva de NNA antes mencionado. Un ejemplo de ellos puede observarse en el art. 26, cuando establece que entre los 13 y 16 años los adolescentes pueden decidir por sí sobre tratamientos no invasivos y a partir de los 16 años es considerado como un adulto para las decisiones relacionadas con su propio cuerpo.

En todo su articulado, el Nuevo Código incorpora el concepto contemporáneo de los niños, niñas y adolescentes en concordancia con el documento internacional que cambió el curso de la historia en su visión teórica sobre la niñez y adolescencia: la Convención de Derechos del Niño de 1989.-

Dra. Lucrecia SPORTELLI

Abogada – Mediadora especializada en Mediación Familiar

Estudio Jurídico SPORTELLI & BARBARO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here