Los derechos de los pacientes

Por Dr. Juan Francisco Barbaro
Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata – Especialidad en Derecho Social y Ambiental

Juan Francisco Barbaro

Resultan cada vez más frecuentes las consultas jurídicas vinculadas a cuestiones relativas a la salud y a los derechos que asisten a los pacientes en materia sanitaria. La mayor parte de ellas se encuentran vinculadas a la deficiente o insuficiente prestación de servicios por parte de los efectores -obras sociales y/o nosocomios-, y en menor medida, las que ponen en cuestionamiento las prácticas médicas o responsabilidad individual de los profesionales de la salud.

Se tratan de cuestiones complejas, en las que generalmente interactúan y entrelazan normas de derecho y orden público y otras propias del derecho privado, constituyendo una materia que amerita un análisis circunstanciado a fin de determinar la legislación comprometida. Realizaremos aquí, una breve introducción a la temática.

Primordialmente, se encuentra en juego el derecho a la salud, el cual es un derecho público, colectivo y social cuya protección se impone en el marco de las relaciones de consumo, conforme lo dispuesto por el art. 42 de la Carta Magna; pero a su vez, se trata de un derecho humano reconocido por diversos Tratados Internacionales que a partir de la reforma constitucional de 1994, gozan de jerarquía constitucional y, por ende, poseen un rango superior a las leyes (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

Por lo tanto las relaciones entre efectores de salud y pacientes se encuentran reguladas por normas de carácter constitucional y el derecho a la salud, como derecho subjetivo, goza del más alto rango al que un derecho individual puede aspirar: el de derecho humano.

Por su parte, el legislador ha emprendido la labor de regular los derechos del paciente mediante un estatuto especial, la Ley Nº  26.529 (2009) en la cual se establecen los contenidos mínimos que poseen estos derechos.

La norma reconoce y brinda contenido a tres derechos fundamentales de los pacientes en su relación con profesionales y efectores de salud: el derecho a la autonomía de la voluntad, el derecho a la información y el derecho a acceso a la documentación clínica.

Establece la obligación de los profesionales médicos de brindar asistencia sin distinción o discriminación alguna, en el marco de un trato digno y respetuoso, debiendo el profesional velar por el resguardo de la intimidad del paciente y la confidencialidad respecto de la información sanitaria del mismo.

La norma regula a su vez el consentimiento informado. Conforme el texto legal, se trata del acto por el cual un paciente brinda su conformidad (o rechazo) a la indicación o propuesta médica, luego de recibir la información completa, adecuada, clara y precisa acerca del diagnóstico que lo aqueja, el mejor tratamiento disponible, las alternativas terapéuticas, los beneficios y riesgos esperados y el pronóstico.

Las disposiciones sobre consentimiento informado en la Ley Nº 26.529 son complementadas a su vez por las disposiciones del Código Civil y Comercial (2015) que regulan el consentimiento respecto a disposicion sobre derechos personalísimos (art. 55) y los actos de disposición sobre el propio cuerpo (art. 56), debiendo destacarse que los arts. 59 y 60 de dicho Código reproducen prácticamente de manera textual el contenido de la Ley que aquí comentamos en cuanto a consentimiento informado y las directivas anticipadas.

Se trate del ámbito público o privado, toda actuación médico-profesional requiere el previo consentimiento informado del paciente, salvo que nos encontremos ante una situación que implique grave peligro para la salud público o una situación de emergencia que implique riesgo para el paciente; el consentimiento debe ser prestado personalmente por el paciente, pudiendo darlo los familiares enumerados en el art. 21 de la Ley 24.193 en los casos de incapacidad o imposibilidad de aquel.

En cuanto a las formas, el consentimiento puede aceptarse de forma verbal, salvo en los casos de internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos u otros procedimientos que implican riesgos, en cuyo caso deberá instrumentarse por escrito la manifestación de voluntad. También deberá instrumentarse de esta última forma la revocación del consentimiento.

La ley prevé a su vez la posibilidad de que toda persona manifieste de forma anticipada directivas sobre su salud por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, directivas que deberán ser aceptadas por el médico en caso de que tales directivas resulten de aplicación.

En cuanto a la historia clínica, la Ley la define como el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud; la titularidad  de la historia clínica corresponde de forma exclusiva al paciente, por lo cual los efectores de salud se encuentran obligados a extenderle una copia debidamente autenticada dentro de las 48 horas de que este así lo solicitara.

La negativa a entregar copia de la historia clínica, legitima al paciente a interponer la acción de “hábeas data” prevista en la Ley Nº 25.326 y hace al establecimiento y pacientes pasibles de sanciones disciplinarias y responsables en los términos de la normativa civil y penal, de corresponder.

En cuanto a la autonomía de la voluntad, la Ley establece que “El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. (…) En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente”. El referido artículo regula lo que se denomina comúnmente “muerte digna” y fue incorporado mediante la Ley Nº 26.742 (2012). La muerte digna debe diferenciarse de la eutanasia, que ha sido definida por la OMS como la “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”, mientras que la Real Academia de la Lengua Española la define como la “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte, con su consentimiento o sin él”. La eutanasia, al igual que el suicidio asistido, constituyen prácticas no aceptadas en nuestro país, pasibles de ser sancionadas penalmente con las penas vigentes para el homicidio.

La muerte digna goza a su vez de reconocimiento jurisprudencial en nuestro país a partir de un fallo del año 2015 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso “D.M.A. s/ declaración de incapacidad”) en el cual se decidió respetar la voluntad del paciente a fin de que se suspendan las medidas que desde hacía más de 20 años le prolongaban artificialmente la vida. El paciente, como consecuencia de un accidente automovilístico, se encontraba postrado desde el año 1995 en estado vegetativo. Pese a la inexistencia de una manifestación expresa por parte de este, la Corte consideró que la Ley de Derechos del Paciente contempla la situación de quienes se encuentran imposibilitados de expresar su consentimiento informado y autoriza a sus familiares a dar testimonio de la voluntad del paciente respecto de los tratamientos médicos que éste quiere o no recibir. En razón de ello, resolvió que debía admitirse la petición planteada en la causa a fin de garantizar la autodeterminación del paciente, que había expresado a sus familiares -previamente al accidente-, su voluntad de no ser asistido artificialmente a fin de continuar con vida.

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