Los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Por Dr. Juan Francisco Barbaro Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata – Especialidad en Derecho Social y Ambiental

Entre los días 10 y 21 de junio del corriente año, se celebró en Ginebra la 108 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo. El organismo, creado en el año 1919 apenas finalizada la Primera Guerra Mundial, conmemoró el centenario de su fundación y en su jornada de cierre aprobó dos documentos trascendentes para el derecho del trabajo: la Declaración del Centenario de la OIT y el Convenio 190 sobre Violencia y Acoso laboral con perspectiva de género.
La aprobación de documentos en el marco de las Asambleas de la OIT no es un hecho menor; se trata del único organismo internacional tripartito, esto es, en el que se encuentran representados los Estados, los trabajadores (a través de sus organizaciones sindicales) y los empleadores (a través de las cámaras empresarias y organizaciones que las agrupan). Por lo tanto, arribar a consensos no es una tarea fácil, más aún, en temáticas que generan antagonismos cada vez más difíciles de superar como lo es en materia de trabajo y empleo. Sin embargo, la reunión centenaria que contó con casi 6000 representantes de 187 países, dio una muestra de madurez al aprobar los documentos a los que nos referimos.
La Declaración del Centenario es la sexta declaración que la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT realiza a lo largo de su historia. Las anteriores refirieron a cuestiones como los fines propios de la OIT (1944), la declaración sobre la política del apartheid en Sudáfrica (1964), sobre la igualdad de género (1975), sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo (1998) y sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008). Las Declaraciones son instrumentos interpretativos, no programáticos ni vinculantes, que abordan temáticas de carácter general; no deben ser confundidos con los Convenios de la OIT, que poseen obligatoriedad a partir de su ratificación por los Estados, revisten carácter específico y son la forma usual de expresión que utiliza el Organismo.
La declaración del Centenario, aborda la problemática que ha elegido definir como “futuro del trabajo”. Pese a lo difuso y abarcativo del término, reconoce que el avance de la tecnología, la problemática ambiental y demográfica, como así también la globalización, implican algunos de los nuevos desafíos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar el nuevo mundo del trabajo. La declaración da cuenta de la existencia de una transformación radical que pone en entredicho la propia naturaleza y el futuro del trabajo, así como el lugar y la dignidad de las personas que lo desempeñan en este nuevo contexto.
Considera indispensable actuar de forma urgente a fin de “construir un futuro del trabajo más justo, inclusivo y seguro con pleno empleo y trabajo decente para todos”, para lo cual, resultaría condición previa lograr un desarrollo sostenible que ponga fin a la pobreza; a su vez, afirma la necesidad de llevar adelante un enfoque del futuro del trabajo centrado en la persona, esto es, un enfoque en el que “las necesidades y las aspiraciones de las personas sean los objetivos principales de las políticas económicas, sociales y ambientales.”
El enfoque del futuro del trabajo centrado en la persona lleva implícito aprovechar el potencial del progreso tecnológico para alcanzar el bienestar material y la realización personal de los trabajadores. Promueve la adquisición de competencias a fin de subsanar los déficits formativos existentes prestando especial atención a la adecuación de los sistemas educativos y de formación a las necesidades del mercado de trabajo. Insta a avanzar en materia de igualdad de género en el trabajo y el respecto de la dignidad de las personas con discapacidad.
Respecto del sector patronal, promueve la creación de entornos favorables para la iniciativa empresarial, la innovación y las empresas sostenibles, asegurando que la creciente diversificación de la producción, las modalidades de trabajo y los modelos empresariales se encuentren al servicio del progreso social y económico y de la promoción del trabajo decente.
Dada la potencialidad de las nuevas tecnologías para inducir cambios sustanciales en la forma tradicional de trabajo, exhorta a los Estados a fortalecer derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente el salario vital adecuado, el límites al número máximo de horas de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, la protección de la privacidad y de los datos personales, y la posibilidad de conciliar mejor la vida profesional y la vida privada mediante un mayor control del tiempo de trabajo.
La trascendencia actual de la Declaración es evidente, cada vez más nuestro entorno laboral se ve modificado por las nuevas tecnologías, y las normas con las que contamos muchas veces parecen desactualizadas o resultan insuficientes a fin de dar una respuesta a los nuevos problemas que empiezan a sucederse. El derecho del trabajo es un derecho protectorio, que pretende compensar la hiposuficiencia negocial de aquel que solo tiene para ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Las nuevas tecnologías generan un desbalance en las tradicionales formas de contratación, al permitir, de forma “silenciosa”, una mayor afectación del tiempo y de nuevas capacidades a las tareas laborales, sin que medie una renegociación de las condiciones de trabajo. Por ello, la Declaración es un guía ineludible para futuras reformas laborales que abarquen la temática, como así también, brinda un útil marco interpretativo para actuales situaciones no previstas en las normas actuales.
A su vez, y como antes referimos, la Conferencia aprobó el Convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral con perspectiva de género. El citado convenio regirá tanto para el sector público como el privado, ya se trate de la economía formal como informal, en zonas urbanas o rurales. Los delegados argentinos gubernamentales y sindicales votaron a favor de la firma del instrumento, mientras que el sector empresario se abstuvo, lo cual nos lleva a tener esperanzas respecto de una pronta ratificación a instancia del Poder Ejecutivo. Debemos recordar que para que los Convenios de la OIT tengan validez ante nuestros tribunales, es necesaria la ratificación por parte del Congreso, aunque cierta doctrina minoritaria sostiene que en virtud de de las disposiciones de la Constitución del Organismo, tal circunstancia no resultaría indispensable.
El Convenio define a la violencia y acoso en el trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género; esta última, designe la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.
A modo conclusivo, parece propicio recordar que el instrumento fundacional de la OIT de 1919 denunciaba que: “Existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales”.
Las circunstancias hoy son sustancialmente disímiles, en tanto no son las condiciones inhumanas de trabajo en fábricas y talleres las que nos pueden llevar al descontento; a un siglo de aquella declaración, sus palabras resuenan porque el avance de la pobreza y la indignidad parece poder replicarse aunque por causas bien distintas: la sustitución del hombre y su actividad creadora por el de la máquina y las nuevas tecnologías. Al fin y al cabo, se trata de no deshumanizar la más humana de las tareas: el trabajo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here