La prohibición de realizar despidos y suspensiones en tiempos de pandemia

La asimetría vincular como justificación de la prohibición de despedir en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por Dr. Juan Francisco Barbaro
Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata – Especialidad en Derecho Social y Ambiental

Juan Francisco Barbaro

Las consecuencias económicas negativas que trajo aparejada la pandemia por COVID-19 para gran parte del sector productivo son a esta altura innegables. Si bien difieren dependiendo del sector al que nos refiramos, la mayor parte de la economía se vio sometida a altibajos que requirió de la intervención del Estado a fin de evitar un colapso aún mayor.

Siguiendo una línea similar a la de otros países que con anterioridad transitaron los efectos perniciosos de la pandemia, nuestro país adoptó una serie de medidas “de rescate”  de actores económicos considerados como “vulnerables”, pretendiendo con ello amortiguar el efecto perjudicial que la crisis sanitaria trajo aparejada para tales sectores.

El paquete de medidas incluyó, entre otras, el denominado “Ingreso Familiar de Emergencia” o I.F.E., que alcanza a trabajadores informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y de las dos primeras categorías de ingresos (A y B); el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” o A.T.P., el cual incluye diversas medidas tendientes a asistir a empresas afectadas por la crisis sanitaria, entre las que se encuentran el pago de un porcentaje del salario y las prestaciones de desempleo por parte del Estado, la reducción y/o postergación del pago de las cargas patronales, el acceso a créditos a tasas subsidiadas, entre otras.

A su vez, estas medidas se vieron complementadas por otras de carácter mas general destinadas al conjunto de la población como la prohibición del corte de suministro de servicios públicos y la obligación de otorgar beneficios para el pago de las eventuales deudas, la refinanciación de los saldos de resúmenes de tarjetas de crédito y el congelamiento de alquileres en conjunto con la prohibición de desalojo hasta el 31 de enero de 2021.

A estas medidas se sumó la prohibición de  efectuar despidos sin justa causa o por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, medida que fuera establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 329/2020 del 31 de marzo de este año, y que fuera sucesivamente prorrogada hasta fines de este mes, conforme lo dispuesto por el DNU Nº 761/2020. A dicha prohibición, las normas referidas agregan que de procederse igualmente al despido, dicha medida carece de todo valor, lo que trae como consecuencia lógica una vuelta al estado anterior, esto es, a la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo.

Lejos está la medida de tratarse de una injerencia indeseable por parte del Estado que pudiera aparejar como consecuencia un desequilibrio en relaciones entre iguales; muy por el contrario, se trata de una intervención que tiene como base la búsqueda de un trato equitativo con sustento en el principio de igualdad, que impone el otorgamiento de un trato preferencial a los grupos desaventajados.

Y ello es así por cuanto los trabajadores, al igual que los consumidores y usuarios, constituyen, en virtud de la asimetría contractual y/o relacional a la que se ven sometidos, grupos en desventaja que exigen un tratamiento preferencial por parte del Estado a fin de que prime la equidad pregonada por nuestra Carta Fundamental.

Ahora bien, la gran mayoría de los lectores de este artículo seguramente podrán reconocer la existencia de asimetrías en sus relaciones de consumo con las empresas prestatarias de servicios públicos; todos hemos sido alguna vez víctima de condiciones que nos son impuestas más allá de toda lógica -y de nuestra voluntad, que es lo que aquí interesa- por los prestadores de servicios de gas, luz, telefonía, cable, internet, u otros. Pese a ello, la relación que nos une con esos prestadores es denominada “contractual”, y se presupone nuestro asentimiento a las cláusulas de dicho contrato.

En similar sentido, la relación que une a los trabajadores con los empleadores es denominada por la ley como “contrato de trabajo”, pese a lo cual, es la misma ley la que reconoce la existencia de una marcada asimetría entre los “co-contratantes” que excluye la posibilidad de existencia de una libre voluntad al momento de suscribir las eventuales cláusulas de ese acuerdo; nuestro Máximo Tribunal ha identificado a la situación del trabajador frente al empleador como un estado de “hiposuficiencia negocial y de reclamación”, viéndose compelido a aceptar incondicionalmente la voluntad de aquel a fin de proveerse los medios de subsistencia.

Se podra decir que tanto el trabajador como el empleador son acreedores y deudores de prestaciones recíprocas; ello es verdad, pero los poderes de los que disponen ambos se encuentran distribuidos de una manera tan desigual que la asimetria es demasiado obvia: por ejemplo, el empleador cuenta con las denominadas “facultades exorbitantes” que, entre otras, otorgan a este la posibilidad de suspender al menos ciertos efectos del contrato de trabajo sin necesidad de obtener acuerdo del trabajador, como asi tambien la de extinguir la relación laboral por causales que exceden la culpa del obrero.

Por ello, y en vista de la hiposuficiencia del trabajador y las facultades exorbitantes del empleador, debemos concluir que el primero se encuentra en una clara situación de desventaja que puede verse agravada y acentuada como consecuencia de la retracción de la economía observada a partir de  la pandemia.

Ante tal posibilidad de agravamiento de las condiciones de desigualdad y asimetría entre trabajador y empleador, resulta evidente que la realización del derecho constitucional al trabajo, exige la adopción de medidas positivas por parte de los Estados tendientes a revertir o que pongan límites a los desequilibrios existentes y las condiciones que favorecen su desarrollo. En dicho marco, la prohibición de despedir es una de las tantas medidas tendientes a lograr dicha finalidad. La medida encuentra a su vez un sólido fundamento de justificación en el denominado “principio protectorio” que consagra la protección del trabajo en sus diversas formas (art. 14 bis).

Adentrándonos en el contenido normativo bajo análisis, debemos como primera medida recordar que a partir de lo dispuesto en los arts. 1º y 2º del DNU 297/2020 que establecio el Aislamiento Social Peventivo Obligatorio (A.S.P.O.) en nuestro pais, se encuentra suspendida la principal obligación que pesa en cabeza del trabajador en el marco del contrato de trabajo, esto es,  concurrir a su lugar o establecimiento de trabajo a prestar tareas, salvo el caso de los trabajadores esenciales que dicha norma enumera. Sin perjuicio de ello, con la sanción del DNU 329/2020 y sus prórrogas, carecen de eficacia las suspensiones dispuestas por el empleador invocando la facultad prevista en el art. 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, el despido por causa de fuerza mayor.

Algunos doctrinarios consideran que si el empleador, vigente la normativa hasta aquí referenciada, hiciera uso de la facultad conferida por el art. 221 de la LCT, incurriría en la figura de fraude a la ley, ya que haría uso de una facultad conferida por la legislación laboral, pero tal potestad se ejerce con la intensión de eludir la aplicación de normas de orden público y, por lo tanto, deben volver las cosas a su estado anterior.

La prohibición dispuesta en la normativa bajo análisis impiden por tanto los despidos y suspensiones en el marco de lo dispuesto por los arts. 221, 245 y 247 LCT, facultades que antes identificamos como exorbitantes y que por tanto, han merecido un límite temporal. Si pese a ello, el empleador ejerciera estas facultades legales -que como refiriera, le son reconocidas por la ley, pero se han visto limitadas temporalmente en el marco de la pandemia-, conlleva la sanción de antijuricidad, debiéndose restablecer al trabajador en su puesto de trabajo, sin posibilidad alguna, por parte del empleador, de hacer uso de la facultad indemnizatoria del art. 245 de la LCT -despido sin causa o incausado-.

El empleador que disponga un despido en este contexto estará cometiendo una conducta contraria a derecho, es decir, una franca violación a la ley, al menos, hasta fines de este mes -salvo nueva prorroga del decreto-, en que la asimetria volvera a ser reestablecida con todos sus efectos.

 

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