El salario del Trabajador Rural (Primera parte)

Por Juan Francisco Barbaro

El presente artículo tiene por finalidad realizar una somera aproximación a los lineamientos propios del trabajo rural, y particularmente a la composición salarial del régimen, conforme las disposiciones del Estatuto del Trabajador Rural (ETR) sancionado en el año 2011 (Ley Nº 26.727), el cual vino a reemplazar el antiguo régimen, que databa del año 1980.

La norma referida, define al trabajo rural como aquel que se realiza mediando un contrato de trabajo entre dos personas, por el cual una de ellas se obliga a realizar una actividad en el ámbito rural, bajo la dependencia de la otra, obligándose esta última a remunerar dicha tarea mediante el pago de un salario. Las tareas que se obliga a realizar el trabajador y remunerar el empleador, son siempre tareas propias de la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones.

La norma refiere que mientras el trabajador es siempre una persona física, la empleadora podrá ser una persona física o jurídica, esto es, un individuo o una sociedad (anónima, de responsabilidad limitada, de hecho, etc.). A su vez, el empleador podrá perseguir o no fines de lucro. En este último caso, deberá tratar al trabajador rural de igual modo que si su actividad fuera desarrollada con la finalidad de obtener ganancias.

Existen, por tanto, dos criterios sustanciales a fin de determinar la existencia de trabajo rural: la primera, el ámbito geográfico, que debe ser rural, esto es, fuera del ejido urbano, sin edificaciones destinadas preferentemente a vivienda y donde no se desarrollan actividades tradicionalmente entendidas como urbanas (industriales, comerciales o administrativas).

Sin embargo, y a poco que nos pongamos a razonar sobre el tema, nos daremos cuenta que esta regla debe necesariamente reconocer excepciones. Fueron los jueces quienes primero las reconocieron, y luego, la norma se adaptó a tal razonamiento. Actualmente, el ETR prevé que el acopio de granos, el remate de ganado (venta de ganado en pie) o el empaque de productos agrícolas propios, no pierden su carácter de “rurales” si las mismas son efectuadas dentro del ejido urbano. Creemos que la normativa se encuentra en deuda respecto de otras actividades que, si bien son desarrolladas en la ciudad, encuentran en la ruralidad su origen y son el resultado de una extensión geográfica circunstancial (existen actividades deportivas desarrolladas con equinos, por ejemplo, en los cuales la ruralidad es la nota típica del contrato laboral).

El segundo criterio que define al contrato de trabajo rural es el tipo de actividades desarrolladas, que deberán ser de naturaleza agraria (pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que no se sometan a procesos industriales).

El ETR establece que el contrato se presume celebrado de forma “continua” (contrato de prestación continua), salvo las excepciones previstas en la misma Ley (temporario, de prestación discontinua, por equipos o cuadrilla familiar) o en aquellas formas previstas en convenios especiales. Una nota característica de este contrato, es que no resulta aplicable el periodo de prueba de 90 días que si se encuentra previsto para los trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

En cuanto a los montos de remuneración de los trabajadores agrarios, los mismos son fijados por la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, estableciéndose montos diversos de acuerdo a si el trabajo es realizado por hora, día o mes, y teniendo en cuenta las tareas desarrolladas por el trabajador y las distintas bonificaciones que se encuentran previstas en la Ley.

A su vez, la normativa enumera –de forma no taxativa- las distintas categorías de trabajadores de acuerdo a las actividades que estos desarrollan, las cuales tendrán incidencia y determinarán el salario del trabajador rural. Las categorías previstas son: los peones generales, dentro de los cuales podemos dividir a los ayudantes especializados de peón único, o los peones especializados, que comprenden a los peones que trabajan en el cultivo de arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos, ovinos y porcinos), ovejeros, albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros, ordeñadores en explotaciones tamberas, ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñen funciones de carreros, conductores tractoristas, maquinistas de máquina cosechadora y agrícola, mecánicos tractoristas. Entre el personal jerarquizado, podemos distinguir entre puesteros, capataces y encargados.

Adentrándonos ya en la cuestión relativa al salario, debemos decir que el mismo no puede, en ningún caso, ser inferior al salario mínimo vital y móvil que fija la Comisión que lleva similar nombre. Esta es una garantía constitucional que protege a los trabajadores y que determina un piso mínimo de ingreso para todos aquellos que desarrollan tareas en relación de dependencia, independientemente de la naturaleza de las mismas.

Dependiendo de la modalidad de ejecución del trabajo agrario, la normativa prevé que el salario puede ser abonado mensualmente, quincenal o semanalmente, o bien por unidad de medida o trabajo concretado, en caso de que el trabajador fuera contratado a destajo.

La vivienda u otros bienes que componen el salario, no pueden implicar una disminución de los mínimos legales, por lo que su no puede ser alegada como excusa a fin de abonar un salario por debajo de los mínimos fijados para cada categoría.

En tal sentido, el ETR prevé penalidades para el caso de que el empleador deduzca del salario las sumas correspondientes a vivienda, condiciones de higiene y seguridad, entrega de mercaderías para alimentación, provisión de agua potable y servicios sanitarios.

Sin embargo, respecto de la alimentación, la Ley prevé la posibilidad que el empleador deduzca el valor de los productos entregados a tal fin, siempre que el trabajador los adquiera voluntariamente, y el precio sea fijado en montos similares a los de la zona y guarde una correlación con el precio general de mercado. Solo cumpliéndose estos requisitos, es factible realizar descuentos de mercadería entregada para alimentación del salario final cobrado por el trabajador.

Lo expuesto no debe ser confundido con el pago en especie previsto en la legislación general (LCT), la cual puede realizarse respecto de productos y mercaderías que son producidas en el establecimiento y que son entregadas en forma de pago, con el límite del 20% del total del salario.

En cuanto a los elementos que todo trabajador debe poseer en virtud de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, estos deben ser provistos por el empleador por recaer en su persona la obligación de brindar seguridad en su establecimiento a todos aquellos que realizan actividades en su beneficio.

En la próxima entrega, profundizaremos sobre otros puntos relativos al trabajo agrario y su remuneración.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here