El coronavirus como enfermedad profesional  

Por Juan Francisco Barbaro

El mundo del trabajo se vio sustancialmente modificado a partir de la pandemia por COVID-19 que nos afecta a escala global desde marzo del 2020.

El teletrabajo, los horarios y jornadas reducidas o la prestación discontinua de tareas a través del sistema de “burbujas” o semipresencialidad, se han vuelto moneda corriente en la diagramación del nuevo panorama laboral pandémico;  estas medidas, cuya clara finalidad es la de reducir los contagios y su peor consecuencia, las muertes, no han quedado exentas de las tradicionales pujas entre el sector patronal y obrero, o entre aquellos que propugnan la necesidad de priorizar la buena “salud” de la economía y los que priorizan las restricciones sanitarias para frenar las consecuencias fatales de la pandemia, aún a costa de las dificultades económicas a la que se han visto sometidos grandes sectores de la población.

Sin embargo, a poco de iniciada la pandemia, ha quedado claro que estas modificaciones no alcanzan a todos los sectores por igual, y la posibilidad de recurrir a la prestación de tareas a distancia o de prestación discontinua se encuentra reducida a sectores laborales específicos cuyas actividades no han sido considerado “esenciales” o bien, a aquellos sectores que sin ser declarados esenciales, se encuentran en el ámbito de la informalidad o de una suerte de  “formalidad atenuada”, en la cual es el propio trabajador quien “acepta” la limitación de sus derechos -el encomillado intenta poner de resalto que la renuncia a derechos adquiridos nunca es voluntaria y producto de la libre aceptación, sino que se impone por un contexto de temor o necesidad-.

Y en este contexto pandémico, las distintas legislaciones han desarrollado a su vez herramientas de protección del trabajador afectado por el coronavirus, y nos referiremos en este caso a aquella norma que incorpora al COVID-19 al ámbito del Sistema de Riesgos del Trabajo, otorgándole el carácter de -presunta- enfermedad profesional.

Durante mayo de 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), redactó un documento titulado “Las normas de la OIT y el COVID-19”, en el cual refería que si el coronavirus llegara a contraerse por exposición en el trabajo, podría considerarse como un accidente del trabajo o una enfermedad profesional que diera derecho a los trabajadores a  la atención de salud y, en la medida en que estén incapacitados para trabajar, a prestaciones monetarias o una indemnización.

En consonancia con estas recomendaciones, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 367/2020, el cual, en su artículo 1° estableció que “La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional (…), respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social (…)”; esta simple presunción respecto de la causalidad entre el desarrollo de tareas calificadas como esenciales y el contagio con coronavirus, cobra el carácter de condición objetiva en el caso de los trabajadores de la salud, ya que el artículo 4° del decreto establece que cuando estos trabajadores contraigan el virus, se considerará que existe “…relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico”.

A fin de aclarar el panorama: en el caso de trabajadores esenciales que contraen covid, se presume que el mismo fue adquirido en el trabajo, pero esta presunción es relativa, debiendo el trabajador arrimar elementos de prueba a las Comisiones Médicas a fin de acreditar que dicha enfermedad la contrajo en el ámbito laboral y no en otro espacio; por su parte, los trabajadores de la salud se ven exceptuados de dicha prueba, ya que la relación de causalidad se considerará existente por el solo hecho de la naturaleza de las tareas prestadas, aunque la norma prevé la posibilidad de que se pruebe la inexistencia de dicha relación causal.

Ahora bien, en el caso de los trabajadores esenciales, la mera denuncia ante la A.R.T. de haber contraído covid, le otorga derecho a las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, no pudiendo la aseguradora negarse a brindar la cobertura sanitaria prevista en la legislación o supeditar la misma a la determinación del carácter profesional o no de la enfermedad.

Mediante Decreto N° 875/2020 se amplió la nómina de aquellos trabajadores que gozan de una mayor protección legal, al extender la presunción “fuerte” prevista en el Decreto N° 367/20 para los trabajadores de la salud, a los miembros de las fuerzas de seguridad federales y provinciales; decimos presunción “fuerte” y no absoluta debido a que, como antes referimos, la norma admite la posibilidad de que se pruebe la inexistencia de la relación causal.

Iniciado el 2021, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 39/2021 que extiende la presunción legal prevista en el Decreto N° 367/20 solo para los trabajadores esenciales, a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular. Pese al avance que significó esta norma respecto de su predecesora, aún continúan sin protección un gran número de trabajadores que no se encuentran registrados bajo una relación de dependencia y son considerados como “figuras no dependientes de prestación laboral continua”. Este es el caso de las locaciones de servicio, pasantías, monotributistas, entre otros.

Finalmente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mediante Resoluciones N° 38/2020, N° 40/2020 y N° 10/2021 vino a reglamentar el procedimiento a fin de obtener la declaración de enfermedad de carácter profesional  del covid-19.

Las normas básicamente establecen que a fin de que opere la presunción legal prevista en la normativa antes referida, el trabajador debe formalizar la denuncia ante la A.R.T. de que se encuentra cursando la enfermedad, adjuntando un certificado suscripto por un profesional habilitado y emitido por un establecimiento sanitario registrado.

A su vez, la denuncia deberá contener una descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas, así como las jornadas trabajadas fuera del domicilio particular del trabajador, entre los tres (3) y catorce (14) días previos a la primera manifestación de síntomas. Esta información a su vez debe ser corroborada mediante la adjunción de un certificado firmado por el empleador, que deberá contener idéntica información sobre tareas y jornadas dentro de los plazos referidos. Similares requisitos se exigen a los trabajadores asintomáticos que pretendan reclamar la cobertura de la A.R.T. en caso de confirmarse que padecen la enfermedad.

El procedimiento continuará ante las Comisiones Médicas, las cuales tendrán que determinar la existencia o no de la relación causal entre las tareas prestadas y el contagio de covid, emitiendo dictamen que será recurrible tanto en la órbita administrativa como judicial.

A modo conclusivo, podemos afirmar que el panorama legislativo no es alentador para el trabajador; el derrotero procedimental que deben recorrer a fin de acceder a las prestaciones que por ley le corresponde, reviste una complejidad que lo aleja de la pretendida finalidad tuitiva.

Por su parte, la prueba de la relación causal podrá en muchos casos resultar dificultosa cuando no imposible; muchos trabajadores desistirán de realizar la denuncia o se verán impedidos de probar la conexidad entre las tareas que desarrollan y la enfermedad debido a la naturaleza de sus trabajos, la existencia de más de uno de ellos para distintos empleadores, la imposibilidad de acceder a un diagnóstico, la negativa del empleador a certificar las tareas, entre muchas otras. Aún peor será la situación de los trabajadores no dependientes y los informales.

Situaciones como las aquí tratadas ponen en juego derechos como la salud y la vida cuya protección y defensa no admiten demora o supeditación a requisitos procedimentales. Obligar a un trabajador a transitar un procedimiento lleno de trabas burocráticas ante las Aseguradores de Riesgos del Trabajo, las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, la Comisión Central y, eventualmente, ante la Justicia, a fin de que se reconozca el carácter profesional de su padecimiento, no parece ser el camino más indicado a los fines de brindar la debida protección al trabajador infortunado.

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