El Congreso podría aprobar la industria del cannabis medicinal y el cáñamo

Luego de un rápido tratamiento en las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, los diputados y diputadas aprobaron de forma unánime el dictamen del proyecto de ley que busca habilitar la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.

 

Ahora esta iniciativa –que cuenta con media sanción en el Senado– ya está lista para ser tratada por la Cámara Baja. Esto significa que el próximo paso es el tratamiento en el recinto. Si los diputados votan favorablemente el proyecto, en Argentina será legal la producción, comercialización y exportación tanto de la planta como de sus derivados para uso medicinal, así como la industria cañamera.

Desde el oficialismo y la oposición le aseguran a THC que hay un acuerdo para que este proyecto finalmente se sancione.

Este último dato no es menor: evidencia un consenso que no se ha logrado en otras iniciativas parlamentarias, lo que confirma el interés que hay en todo el arco político sobre avanzar en una regulación de la industria del cannabis medicinal. Algo que podría ser un paso clave en el avance hacia una regulación integral del cannabis que, de hecho, ya fue sugerida por varios senadores y diputados nacionales.

«Esta es una industria sumamente sustentable. Tiene huella de carbono negativa, no necesita de agroquímicos y cumple con los objetivos medioambientales para 2030. Tenemos el clima, la tierra y el conocimiento», dijo la diputada del oficialismo Mara Brawer, autora de la iniciativa sobre el cáñamo que propició el proyecto del Gobierno.

Ahora, el próximo paso es esperar que el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, incluya el proyecto industrial del cannabis en el temario de las próximas sesiones legislativas.

Según le cuentan a THC fuentes del Congreso, el debate de este proyecto en la Cámara Baja será antes del 10 diciembre, día que se renueva la composición del recinto con los nuevos diputados y diputadas.

Otro dato que muestra las altas chances de que apruebe el proyecto es que el dictamen de las comisiones fue aprobado de forma unánime y no hubo modificaciones al proyecto aprobado por el Senado. Entonces, en caso de votarse afirmativamente, solamente restará la formalidad de la promulgación presidencial para que el proyecto se convierta en ley.

 

El uso adulto: la gran cuenta pendiente

 

Sin embargo, el Estado no habilitará toda la cadena industrial del cannabis: el uso adulto seguirá penalizado por la ley de drogas y la tenencia de semillas puede condenar a una persona a varios años en la cárcel.

De todos modos, nada descarta que la regulación total del cannabis sea un debate cercano. Así ya fue anticipado por gobernadores, senadores y, ahora, también diputados.

«Esta es una industria sumamente sustentable. Tiene huella de carbono negativa, no necesita de agroquímicos y cumple con los objetivos medioambientales para 2030. Tenemos el clima, la tierra y el conocimiento», dijo la diputada del oficialismo Mara Brawer, autora de la iniciativa sobre el cáñamo que propició el proyecto del Gobierno, y que explicó la potencialidad que tiene esta variedad para la economía del país durante el debate en comisiones.

Por su parte, Jorge Rizzoti, diputado jujeño de la oposición, aseguró en el encuentro parlamentario que van «a acompañar» el proyecto de ley. «Hicimos una inversión de US$ 13 millones y ya entregamos los primeros aceites medicinales en el hospital público que fueron hechos por la provincia», dijo sobre la iniciativa estatal de Cannava que tomará impulso con un marco regulatorio nacional.

 

Qué dice el proyecto

 

La iniciativa del Gobierno nace en un contexto complejo. El cannabis continúa siendo prohibido por la ley penal (23.737) y la simple tenencia de semillas es considerada un delito que puede costar hasta 14 años de cárcel.

Si bien este año se implementó el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, para que los usuarias y usuarias pueden tener un cultivo, trasladarlo y acopiarlo en la legalidad, el actual marco regulatorio tiene inconvenientes que dificultan el acceso a la planta.

Detenciones o allanamientos a personas que cultivan que están inscriptas en el Reprocann o la falta de médicos capacitados que puedan acompañar las terapias con la planta, son solo algunos de los problemas que atraviesan las personas que quieren hacer uso del cannabis.

Pero al día de hoy, en Argentina no se pueden adquirir semillas o esquejes por ninguna vía legal. Tampoco una persona que no cultiva o que no tiene un cultivador que lo haga por ella, no tiene la opción de acceder a ningún derivado del cannabis. En ese último caso, la única salida de momento es la importación luego de un trámite ante ANMAT.

Acorde a su redacción, la ley industrial del cannabis medicinal y el cáñamo taparía varios de estos baches para que el acceso tanto a la producción como a quienes necesitan el cannabis sea más amplio.

Según le cuentan a THC fuentes del Congreso, el debate de este proyecto en la Cámara Baja será antes del 10 diciembre, día que se renueva la composición del recinto con los nuevos diputados y diputadas.

Entre alguno de los puntos más destacados del proyecto de ley se encuentra la creación de un organismo que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y que entregará las licencias para cultivar cannabis o elaborar derivados.

Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá la función de regular, administrar y fiscalizar toda la cadena industrial de la planta en todas sus actividades.

Si bien esta agencia fue resistida por algunas provincias que pretendían autonomía sobre la entrega de licencias y sin tener el permiso de Nación, finalmente se consensuó la creación de un Consejo Asesor integrada por ellas. De todos modos, la autoridad de aplicación sería la ARICCAME.

Por otro lado, el proyecto de ley prevé acompañamiento a los pequeños y medianos productores, así como también la conformación de cooperativas por parte de las organizaciones civiles que ya existen y abastecen la demanda actual.

Esto sucedería mediante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a través de formaciones técnicas y beneficios financieros.

En Argentina, la pandemia del coronavirus profundizó una crisis económica que está presente hace años. Por eso, en el Gobierno ven que la habilitación de esta industria que se forjó en la clandestinidad y con el esfuerzo de la sociedad civil, podría ser clave para la creación de nuevos puestos de trabajo y la entrada de divisas al país.

Según un informe del propio Ministerio de Desarrollo Productivo, la industria del cannabis podría generar en un plazo relativamente breve cerca de 10mil puestos nuevos de trabajo, uno 500 millones de dólares de producción y 5o millones en exportaciones, además de 100 millones en inversiones. (revistathc.com)

 

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