El acceso a la justicia de los sectores vulnerables

Por Dr. Juan Francisco Barbaro
Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata – Especialidad en Derecho Social y Ambiental

Por Juan Francisco Barbaro

El acceso a la justicia constituye un derecho social básico que posee un aspecto material, consistente en el derecho igualitario que tienen todos los ciudadanos a hacer valer sus derechos y obtener un resultado justo, y otro procedimental, referido a cómo ejercer ese derecho ante las instituciones judiciales.

Se trata de un derecho humano fundamental que implica la aptitud de todo individuo de poder acceder a la jurisdicción en condiciones de total libertad para la determinación de derechos y la resolución de conflictos. Implica, como contrapartida, la obligación del Estado de dar a conocer a todos los individuos, cualquiera sea su condición social, sin que pueda hacerse distinción alguna de manera especial por razón de edad, sexo, nacionalidad, origen étnico, pertenencia a grupos, convicciones religiosas o políticas, sus derechos y la manera de ejercitarlos.

En el orden normativo, el acceso a la justicia constituye una garantía emergente del debido proceso reglado en los arts. 18 Constitución Nacional y del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Actualmente, se sostiene la necesidad de aludir a esta temática bajo el rotulo de “acceso a justicia” y no “acceso a la justicia” con la intención de ampliar el enfoque de este derecho, de manera tal que connote no solamente al acceso al sistema judicial, sino que a su vez incluya el acceso a formas desjudicializadas de resolución de conflictos. Este nuevo enfoque entiende a la administración de justicia como la oferta se servicios de tutela que incluyan además de la jurisdicción tradicional, mecanismos alternativos de resolución de disputas, como son la mediación, el arbitraje o la conciliación.

Dentro de la sociología jurídica ha cobrado particular relevancia el estudio del “no acceso a la justicia del estado”, es decir, la imposibilidad o dificultad para acceder a las instituciones de resolución de conflictos por parte de diversas categorías de personas definidas de varias maneras: “sectores vulnerables”, “desaventajados”, “excluidos”, “desafiliados sociales”, o “marginados”, los que, de algún modo, detentan como rasgo común la pobreza y precariedad económica y a partir de ello la falta de poder y debilidad política. Cuando se habla de acceso a la justicia por lo general, entonces, se hace referencia a su ausencia y a la desprotección jurídico-política que ello genera.

Desde antaño, el derecho y sus operadores, a raíz de los conflictos sociales de las poblaciones, comenzó a utilizar los métodos y técnicas de la Sociología para rastrear las causas que impedían el acceso a la administración de justicia y la incidencia que el origen de clase de los jueces tenía sobre las sentencias, particularmente a partir de la obra de autores enmarcados en la escuela del realismo jurídico surgidos en el derecho americano.

Descubiertas las “dificultades para el acceso”, donde uno de los principales impedimentos era la falta de medios económicos, se implementaron distintas soluciones: litigar con carta de pobreza, juzgados de menor cuantía, descentralización física de la ubicación de los tribunales y Casas de Justicia. Sin embargo, los problemas del acceso a la justicia no se vieron disminuidos, más aun, se vieron aumentados a partir de la cada vez mayor inequitativa distribución de la riqueza como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales a partir de mediados de los años setenta.

La cuestión tomó particular relevancia en el ámbito jurídico a partir de la década del ochenta con el surgimiento del denominado Movimiento Universal del Acceso a la Justicia, el cual resulta ser una reacción contra el positivismo jurídico que reducía el papel del juez a la sola aplicación de la ley.

La preocupación por la realidad, hizo ver que la justicia lenta importaba una denegación para quien no tenía medios económicos para soportar la espera; que la justicia pensada para el conflicto entre dos personas, era ineficaz para atender los pleitos que involucraban a grandes grupos; que la sociedad de masas nos hace ver que muchos individuos tienen problemas similares, surgiendo así los intereses individuales homogéneos. Asimismo, la escasez en el plano de los bienes colectivos, nos sugiere las acciones basadas en intereses difusos o colectivos.

En su obra sobre Acceso a la Justicia (1981), Mauro Cappelletti refiere a la existencia de  “obstáculos jurídicos, económicos, político-sociales, culturales, psicológicos, que hacen difícil o imposible a muchos el uso del sistema jurídico y consecuentemente la efectividad de su libertad y el fenómeno de la llamada “pobreza jurídica”.

Tradicionalmente se reconoce la existencia de dos tipos de obstáculos que pueden impedir o dificultar la concreción del acceso a la justicia, que son los obstáculos institucionales y los obstáculos personales.

Los obstáculos institucionales comprenden los problemas estructurales (organizacionales) y aquellos relacionados con normas formales que, de manera latente, se presentan impidiendo o estorbando la posibilidad de acceder a la justicia. Dentro de estos impedimentos encontramos la organización burocrática, los costos económicos y el tiempo de tramitación de los procesos judiciales como factores condicionantes de dicho acceso.

Los obstáculos personales, por su parte, están referidos a la acción de los sujetos sociales que de manera manifiesta o latente impiden, estorban u obstaculizan el acceso a la justicia. Esto puede darse porque los actores sociales involucrados en la problemática, a saber, los operadores del derecho, tienen expectativas sociales contrapuestas a la de otros actores sociales involucrados. Esta situación estaría generada por el proceso de socialización y/o educación en tanto importan la internalización de normas que pueden implicar un sesgo condicionante del acceso a la justicia. La discriminación, en cualquiera de sus formas, es el ejemplo típico de este tipo de obstáculo.

Si bien la mayor parte de los estudios sobre el acceso a la justicia se limitan al análisis de los obstáculos institucionales como factores que determinan el no-acceso, existe una tendencia cada vez más frecuente a considerar los factores subjetivos en el accionar de los operadores jurídicos y a la elaboración de herramientas tendientes a “deconstruir” los sesgos que podrían constituir un obstáculo para el acceso a justicia.

En este sentido, resulta rescatable la experiencia desarrollada por la Escuela Judicial del Tribunal Regional del Trabajo (TRT) de Río de Janeiro, la cual promueve que los jueces laborales desempeñen anónimamente las mismas tareas que realizan los trabajadores que luego se verán afectados por sus decisiones. Esta suerte de “pasantía”, de carácter voluntario, incluye actividades propias de las clases trabajadoras como viajar en transporte público y desempeñar tareas aun en condiciones que pueden ser consideradas por ellos mismos insalubres e incluso, poco cotidianas. La idea, surgida a partir de la obra del sociólogo Fernando Braga, tiene por finalidad acortar las distancias que crean las diferencias entre clases sociales y con ello facilita el acceso a la justicia en tanto colabora a eliminar posibles factores discriminatorios en base a la identificación de los jueces con las vivencias y circunstancias de vida de “los otros” respecto de los cuales suelen decidir.

A modo de conclusión, agregaremos que las desiguales oportunidades para hacer valer los derechos a través del litigio producto de los obstáculos institucionales y personales, llevan a interrogarse acerca de los alcances y potencialidades de la garantía del acceso a la justicia como derecho fundamental para asegurar el ejercicio de los restantes derechos y libertades.

Particularmente, debe atenderse a la pobreza como factor determinante del acceso a un sistema de justicia justo y eficiente. En general, los servicios legales son costosos para toda la población, pero son sobre todo proporcionalmente más caros para los económicamente más débiles: la lentitud de los procesos implica un costo económico agregado para aquel que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y debe destinar recursos escasos a necesidades de primer orden; por otro lado, aquellos que cuentan con suficientes recursos económicos como para afrontar un proceso largo y costoso, pueden utilizar tal circunstancia como factor deliberadamente usado para entorpecer la administración de justicia.

Rescatamos por último lo establecido en las Cien Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia, conforme las cuales resulta necesario informar a los justiciables en condiciones de vulnerabilidad, antes y durante su tramitación, cuál puede ser el proceso más conducente para la defensa de sus derechos, ya sea que se trate de las formas tradicionales o de una forma alternativa de resolución de las controversias. Como señalan las reglas, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios, que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia -queda para otra oportunidad explayarnos respecto de las distintas posturas relativas a la efectividad y justicia de estos métodos alternativos de resolución de conflictos-.

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