Derecho y discapacidad

Por Dr. Juan Francisco Barbaro
Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata – Especialidad en Derecho Social y Ambiental

Columna por

Juan F. Barbaro

Las condiciones de vida de las personas que padecen una discapacidad y el trato social que a ellas se les brinda se han visto sustancialmente modificadas en los últimos tiempos. La integración y la inclusión han posibilitado el desarrollo de la potencialidad vital de muchas personas aquejadas por algún tipo de discapacidad.

Hasta los años 70, los trabajos científicos sobre la discapacidad provenían principalmente de la medicina sanitarista y la asistencia social, sin intervención de las ciencias sociales. La ausencia de legislación fue la nota en este periodo, y los fallos judiciales que eventualmente se dictaron encuadraron la problemática dentro del acotado límite del ejercicio del derecho a la salud.

Los avances de las ciencias médicas de las últimas décadas ampliaron el abanico de recursos disponibles y abrieron el camino a otras disciplinas a fin de complementar y facilitar la rehabilitación e integración social de la persona discapacitada, imponiéndose a partir de allí, un enfoque multidisciplinario para el tratamiento de este tipo de problemáticas. A partir de las últimas décadas del siglo XX, el concepto de discapacidad se fue enriqueciendo con enfoques que resaltan menos el lado patológico del individuo que su experiencia subjetiva y las capacidades que lo hacen diferente a otros.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre la persona con una condición de salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico), para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad (CIF, 2001).

De acuerdo a los últimos relevamientos realizados por el INDEC, un 10,2% de la población argentina presenta algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de tres millones y medio de personas (Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad realizado por el INDEC – Resultados preliminares 2018), porcentaje similar al existente a nivel mundial, donde las personas discapacitadas representan la primera minoría identificable (aproximadamente 650 millones de personas, según datos de la ONU).

En mayo de 2008, mediante la Ley Nº 26.378, nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, y 6 años más tarde, en diciembre de 2014, le otorgó jerarquía constitucional (Ley Nº 27.044); la Convención establece obligaciones concretas y brinda un marco interpretativo integrador al plexo normativo que garantiza el pleno goce de derechos y garantías constitucionales por parte de las personas con discapacidad.

La Ley Nº 22.431 establece desde el año 1981 un sistema de protección integral para los discapacitados. En su artículo 1º refiere que es su objetivo: “…. asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales.”. Aparte de tratarse de una norma proveniente de un gobierno de facto, las sucesivas enmiendas de las que ha sido objeto no han logrado eliminar por completo algunas conceptualizaciones retrogradas, hoy superadas, que ameritan el urgente reemplazo de la Ley y su adecuacion a los preceptos y contenidos de la Convencion.

A su vez, nuestro pais cuenta con otras normas tendientes a suplir la carencia de contenido específico en la ley referida anteriormente: la Ley Nº 24.314 establece la supresión de barreras físicas arquitectónicas y de transporte que impidan o dificulten el desplazamiento de personas con movilidad reducida; la Ley Nº 26.653 garantiza la accesibilidad a la información contenida en páginas web del Estado; la Ley Nº 26.522 garantiza la accesibilidad a los contenidos multimedia a las personas disminuidas en sus capacidades auditivas mediante sistemas de subtitulado o lenguaje de señas; la Ley Nº 26.858 establece el derecho de acceso y permanencia a personas disminuidas en su capacidad visual que son acompañadas por perro guía o de asistencia; la Ley Nº 26.657 de Salud Mental persigue asegurar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental, etc.

A su vez, la Provincia de Buenos Aires cuenta con normativa propia. La Ley provincial Nº 10.592 establece el régimen general aplicable a las personas con discapacidad y otras normas establecen acciones concretas a cargo del Estado: promover y facilitar la práctica del deporte, contar con locales aptos en actos eleccionarios para que las personas con dificultades motrices puedan acceder a votar, emitir boletas de impuestos y servicios públicos en sistema braille o garantizare l acceso gratuito a los distintos medios de transporte, entre otras.

A fin de compensar las desigualdades existentes en materia laboral, el Estado nacional ha dictado una serie de normas que establecen “discriminaciones positivas” a fin de facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad. Así, se ha  establecido la obligación del Estado Nacional de ocupar personas idóneas que posean algún tipo de discapacidad en una proporción no inferior al 4% de su plantilla, medida que ha sido replicada en igual proporción en nuestra Estado provincial. A su vez, mediante Ley Nº 24.308 se establece la obligación del Estado nacional de otorgar en concesión a personas con discapacidad espacios para pequeños comercios en las sedes administrativas, y mediante Ley Nº 26.816 ha establecido un Régimen Federal de Promoción del Empleo Protegido.

Resta agregar que el activismo judicial en la materia es profuso, y no son pocos los que se han visto obligados a recurrir a los estrados judiciales a fin de lograr un trato igualitario y el reconocimiento de sus derechos. Muestra de ello es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa de La Plata (“Asociación Azul y otro s/ Amparo” (Expte. N° 4737) del 14/05/2019), causa que fuera iniciada con motivo de que la línea de colectivos 202 de esa Ciudad no contaba en determinados recorridos con móviles adaptados que posibilitaran el acceso a personas con discapacidad motriz. Luego de revertir el fallo absolutorio de primera instancia, la Cámara intimó a la empresa y al Ministerio de Transporte provincial -este último en su calidad de autoridad de aplicación- a presentar un programa de acción tendiente a posibilitar el acceso de personas con movilidad reducida a los vehículos de la empresa, plan que luego de aprobado, deberia ser implementado en un plazo determinado bajo apercibimiento de aplicar diversas sanciones.

A fin de justificar su decisión, el Tribunal sostuvo: “… El (…) art. 75 de la Constitución nacional, en su inc. 23, impone al Estado el deber de asumir la concreción de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los discapacitados. Por tanto, el juez debe interpretar las normas existentes a la luz del principio de acción positiva”.

“A partir de lo expuesto, es posible señalar que algunas de las obligaciones para la Provincia en materia de accesibilidad a nivel de infraestructura son: (i) garantizar la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, para asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos; (ii) adoptar medidas para que las unidades de transporte se encuentren adaptadas para el acceso a personas en condición discapacidad; (iii) eliminar toda barrera de acceso en los distintos espacios públicos, como escuelas, viviendas, centros médicos y lugares de trabajo; (iv) asegurar que las entidades privadas que proporcionan, como en el presente caso, servicios de cualquier naturaleza, cumplan con las normas de accesibilidad física; (v) brindar toda la información requerida por las personas interesadas en el tema; (vi) ofrecer distintas formas de asistencia humana, ya sea con guías, intermediarios, animales, entre otros, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones; y (vii) regular lo referente a los denominados ajustes razonables, en cuanto a su implementación y desarrollo.

En todas estas circunstancias, es evidente la obligación jurídica por ofrecer a las personas en esta situación de un entorno físico propicio para su desarrollo en condiciones dignas y respetuosas con un fin específico de inclusión en la sociedad y trato igualitario”. 

El fallo es relevante en tanto obliga a brindar una solución conjunta al Estado, en su calidad de garante del cumplimiento de la ley, y a los particulares, en la medida que las actividades comerciales pueden implicar el cumplimiento de obligaciones específicas hacia un determinado grupo de personas. Pero a su vez, este pronunciamiento nos interpela como sociedad, en tanto nos pone ante la obligación de repensar nuestro espacio vital a fin de hacerlo un lugar más amigable e inclusivo para los más desventajados.

Foto: derecho

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