DERECHO DEL TRABAJO: El deber de seguridad

Por Dr. Juan Francisco Barbaro
Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata – Especialidad en Derecho Social y Ambiental

Por Juan Francisco Barbaro

La garantía de seguridad constituye una obligación contractual propia del contrato del trabajo, en virtud de la cual, el deudor –el empleador- garantiza objetivamente al acreedor –el trabajador- que no le causara daños en bienes distintos al que fuera concebido como objeto del negocio y como consecuencia del desarrollo efectivo de la prestación principal. Se trata de una obligación que deriva del principio constitucional de indemnidad, y resulta ser una norma de orden público, diferenciador del contrato de trabajo de otros contratos.

La obligación de seguridad emana de la regla de la buena fe contractual. En tal sentido, el deber genérico de no dañar a otro está presente en toda relación que entablamos con otros sujetos, sin que sea necesaria la existencia de un contrato u otro vinculo jurídico preexistente; por el contrario, la obligación de seguridad existe solo como consecuencia de una relación jurídica anterior, siendo por ello el primero propiamente un deber y el segundo técnicamente una obligación.

En nuestro país, la garantía de seguridad como contenido del contrato de trabajo es reconocido jurisprudencialmente por primera vez en el año 1916 en el caso “Monrial”, siendo luego receptada legalmente a partir de la doctrina del riesgo contemplada por la Ley 9688, primera ley de infortunios laborales.

Esta obligación, encuentra soporte normativo en los artículos 14 bis y 19 de la Constitución Nacional en tanto el primero ampara a los trabajadores que padecen accidentes y enfermedades de carácter profesional y el segundo a todos los ciudadanos frente al daño injustamente sufrido. A su vez, en el orden provincial, reconoce sustento en el art. 39 apartado 3° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que recepta el principio de indemnidad a nivel local.

Por su parte, la obligación de prevención de daños resulta uno de los principales objetivos declamados por la legislación especial laboral. Así surge explícitamente de aquella, pues la ley 24.557 obliga al empleador y a su aseguradora a prevenir eficazmente los riesgos del trabajo (arts. 4° ap. 1° y 31); el empleador se encuentra legalmente obligado a observar las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo (art. 75, ap. 1°, LCT que complementa la obligación genérica del art. 62 del mismo cuerpo) y la aseguradora debe controlar ello y eventualmente denunciar los incumplimientos (art. 31, ap. 1°, inc. A LRT) sin perjuicio de su deber de promover la prevención (art. 31, ap. 1°, inc. C, LRT), brindar asistencia técnica, efectuar capacitación y controles (arts. 18 y 19 dec. 170/96).

El Profesor Cornaglia refiere que en la actualidad, y a partir de una visión reduccionista, el deber de seguridad se ha visto limitado a un deber legal derivado de la normativa de seguridad e higiene, conducta por cierto ilegitima que debiera ser reconducida por la vía de la responsabilidad por actos ilícitos y no como una derivación de la garantía de seguridad.

Esta postura que reconoce en la responsabilidad por violación del deber de seguridad a la comisión de ilícitos tipificados por la legislación de seguridad e higiene es una postura sostenida tanto por la Corte provincial como por la Cámara Nacional del Trabajo en diversos fallos.

En el fallo Tevez (1979), la Corte Provincial sostuvo que “En la especie, nos parece mas que evidente que la obligación que pesa sobre el empleador de resguardar la vida o la integridad física del trabajador (“deber de seguridad”) no puede ser reputada como convencional, sino como estrictamente legal. En efecto, la obligación que nos ocupa no ha sido, obviamente, “creada” por el contrato, sino que su imposición al empleador reconoce su origen en el propio texto de la ley. No ha mediado, entonces, incumplimiento de una obligación convencional sino, lisa y llanamente, violación de una obligación legal, es decir: infracción a un deber jurídico estatuido por la propia ley”.

El razonamiento, tributario del pensamiento del renombrado constitucionalista Rafael Bielsa, es refutado por Cornaglia a partir de un simple argumento: de traspolarse el razonamiento a la mayor parte de las obligaciones que surgen de la Ley de Contrato de Trabajo (salario, entrega de certificados, registro de libros, etc.) sencillamente desaparecería el contrato como fuente de obligaciones laborales. En tal sentido, expresa que “el contenido de las prestaciones significantes del contrato de trabajo (…) siempre es genérico… así como el deber de seguridad es genérico, también lo es para el trabajador, el de trabajar con diligencia. Creer que el deber de trabajar con diligencia, porque está prevista en el art. 84 de la LCT, haya dejado de ser una prestación contractual (perdiendo la fuerza obligacional propia de los contratos), es tan disparatado como sostener que el deber de seguridad es legal, porque este previsto en el art. 75 de la LCT, en la ley de jornada legal 11.544, la LRT 24.557, en la ley de Seguridad e Higiene 19.587 o cualquier otra norma de derecho positivo, que tiene previsiones en la material”.

A partir de esta conceptualización, parece propicio sostener que el deber de seguridad  constituye un principio general del derecho del trabajo, no agotándose su contenido en las prestaciones previstas por las normas de seguridad e higiene. Se asimila en su naturaleza de origen con el principio de indemnidad, razón de la fuerza obligacional del deber de seguridad.

Es decir que el principio “deber de seguridad” es un principio derivado, interrelacionado y dependiente del “principio de indemnidad”, en tanto surge como un elemento que viene a garantizar la incolumnidad de la integridad física y psíquica del trabajador, esto es, su indemnidad, la cual sera una consecuencia lógica del efectivo cumplimiento de aquel deber.

Ahora bien, afirmar el carácter de principio del deber de seguridad no implica negar el carácter contractual de la obligación de prevención y seguridad, sino mas bien, reconocer las distintas dimensiones en las que estos institutos encuentran su aplicación y desarrollo: la indemnidad del trabajador lleva implícita la necesidad de garantir su seguridad; luego, dicha garantía pasa a ser la obligación contenida en el contrato de trabajo, cuyo cumplimiento será requisito de la ejecución regular del mismo, lo cual ocurre por tanto cuando el trabajador no sufre menoscabo o detrimento alguno durante la ejecución del contrato de trabajo o en ocasión de este, manteniéndose de esa forma su ajenidad respecto del riesgo empresario.

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