Breve historia de la legislación del Trabajo Rural en la Argentina

Por Juan F. Barbaro

El trabajo rural es, quizás, una de las primeras actividades de subsistencia que el hombre ha desarrollado. El término latino “labor”, identificaba en la antigua Grecia al trabajo de la tierra, más específicamente, a su cultivo. De la prehistoria a nuestros días, el trabajo agrario ha variado sustancialmente, particularmente a partir de la incorporación de distintas tecnologías que posibilitaron pasar de aquella producción limitada al consumo personal, familiar o local, a una producción intensiva con destino hacia mercados nacionales o transnacionales.

Al comienzo de la historia colonial de nuestro país, el trabajo rural se encontraba regulado por la legislación indiana. España, a través de sus órganos legislativos, regulaba la  apropiación por parte de los señores de la tierra para el cultivo y pastoreo, como así también dictaba numerosas normas tendientes a proteger a la población local aborigen que era sometida a formas de trabajo particularmente indignas.

Ya en el año 1606, el Cabildo de Buenos Aires regulaba la venta de carne y en el año 1669 lo hacía en relación a la tenencia del ganado en estancias; en 1824 encontramos la primera ley sobre Marcas y Señales del ganado, dictada por Justo José de Urquiza para la Provincia de Entre Ríos.

Más acá en el tiempo, y a partir de la vigente Constitución Nacional sancionada en 1853 -reformada en 1860, 1866, 1898, 1957, 1994- la actividad agraria, al igual que el resto de las actividades comerciales, encontró amparo en las disposiciones del artículo 14, el cual establece que todo ciudadano goza del derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita y de asociarse con fines útiles, conforme a las leyes que reglamenten dicho ejercicio. Luego de la derogación de la Constitución Nacional de 1949 que reconocía amplios derechos al trabajador y al trabajo argentino, la reforma de 1957 receptó en el actual artículo 14 bis los principios que estructuran y sostienen al derecho del trabajo vigente en Argentina. La reforma constitucional de 1994 dio una nueva dimensión al derecho laboral: a partir de la cláusula dispuesta en el artículo 75, inc. 22, los tratados internacionales gozan de jerarquía superior a las leyes, cobrando particularmente relevancia en la materia, aquellos que se celebran en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero retomando nuestra breve síntesis histórica, resulta relevante destacar el rol pionero de nuestra Provincia de Buenos Aires en materia de trabajo rural. El Código Rural de Buenos Aires, sancionado bajo el gobierno de Valentín Alsina el día 31 de octubre de 1865, configura del primer cuerpo normativo codificado sobre la materia agraria que se vio nacer en Latinoamérica, convirtiéndose en modelo para las demás provincias (Santa Fe en 1867, Corrientes  en 1871, Entre Ríos  en 1873, Catamarca en 1878 y Mendoza en 1880), y aun para otros países de América.

Este Código, con su pretensión de integralidad, abarcaba diversas actividades y cuestiones vinculadas a la vida rural, a saber, marcas y señales de ganado, apartes de ganado, yeguadas, acopio de frutos, yerras, caminos rurales, servidumbres, abrevaderos, palomas y aves domésticas, abejas, etc. También regulaba en materia penal, estableciendo la figura del abigeato y el hurto de caballos.

A su vez, establecía el nacimiento y funciones del Juez de Corrales, el cual resolvía sobre “… dudas ó reclamos sobre deuda entre abastecedores y sus peones, relativas á jornales”. Este Juez poseía jurisdicción sobre las “Playas” a las cuales se transportaba el ganado para la venta; en ellas podía “Despedir de la playa al peón díscolo, vicioso ó desobediente á su patrón: más si el peón incurriere en hurto considerable, ó en otra falta mayor, levantará la competente información, y con ella le enviará preso, por conducto del Jefe de Policía, á la justicia ordinaria”.

La Sección Tercera se encontraba destinada a “Patrones y Peones” y constituye el primer cuerpo orgánico de regulación del contrato de trabajo agrario en nuestra provincia.  En su texto, establece que “Es patrón rural, quien contrata los servicios de una persona, en beneficio de sus bienes rurales; y es peón rural, quien los presta, mediante cierto precio ó salario” y que  “El peón es destinado, ó á desempeñar indistintamente todos los trabajos generales, que la naturaleza del establecimiento exija, ó á ejecutar algunos especiales ya determinados: y en consecuencia, pueden ser: ó día por día, ó por quincena, ó por cierto número de meses, ó por un año. Puede serlo también para una tarea, ó empresa determinada, esto es, á destajo”. El Código establecía la obligatoriedad de la contratación escrita, con estipulación de modalidad de trabajo, horario, salario, entre otras. Consagra el descanso dominical, la obligatoriedad de contratar ante el Juez de Paz, dejando constancia en el “libro de conchavos”, la rescisión del contrato por ser llamado el peón a prestar servicio militar obligatorio y regulaba la vivienda del peón y el trabajo a destajo… Por último, establece que no podía resolverse el contrato si no era por mutuo acuerdo o causa justa sobreviniente, debiendo resolverse las cuestiones litigiosas ante el Juez de Paz.

El Código Rural tuvo una utilidad práctica innegable, particularmente en cuanto a las relaciones de propiedad entre patronos, pero poco aportaron al cambio de la situación del peón rural. En otras provincias de tradición “feudalista” más abigarrada, la situación era aún peor: en 1889, el gobierno de la provincia de Tucumán reglamenta el conchabo de los peones troperos y el conchabo del peón obrajero, en donde la policía era la autoridad de interpretación y aplicación de la ley, con la facultad de azotar al personal ante la fuga y reintegrarlo a los patrones para el cumplimiento del trabajo pactado.

Ya en el siglo pasado, durante el año 1942, se sancionó la ley 12.789, conocida como ley de conchabadores, que tenía por objetivo regular el trabajo de los intermediarios o  “negreros” que participaban en la contratación de trabajadores temporarios, conocidos como Braceros, que debían trasladarse de provincia en provincia abandonando su lugar de residencia habitual, estableciendo la obligatoriedad de la contratación a través del Departamento de Trabajo y estableciendo el control de las autoridades administrativas del pago de salarios.

Fue en el año 1944 que se dicta la primera regulación orgánica para los trabajadores del agro. El “Estatuto del Peón de Campo”, sancionado por Decreto 28.169, y cuya sanción es conmemorada el día 8 de octubre como día del trabajador rural. Este estatuto, regulaba lo que hoy denominamos trabajadores permanentes; El estatuto establecía que regía “… las condiciones del trabajo rural en todo el país, su retribución, las normas de su desenvolvimiento, higiene, alojamiento, alimentación, descanso, reglas de disciplina y se aplica a aquellas tareas que, aunque participen de características comerciales o industriales propiamente dichas, utilicen obreros del campo o se desarrollen en los medios rurales, montañas, bosques o ríos”. Sancionado como norma de emergencia, fue luego ratificado por la ley 12.921, y fijaba condiciones de trabajo específicas para el ámbito rural: salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagadas, alojamiento y alimentación, estabilidad y distintas disposiciones sobre higiene y protección; el decreto reglamentario 34.147 de 1949, establecía a su vez un régimen de asistencia médica y farmacéutica, el amparo ante enfermedades o accidentes inculpables, como así también, la prohibición del trabajo en menores de 12 años.

Durante 1949 también fue sancionada la Ley nacional 13.020 de protección al trabajador de cosecha, el “trabajador golondrina”, por la cual, a su vez, se creó la Comisión Nacional de Trabajo Rural (CNTR) y las Comisiones Paritarias Locales. Esta norma, venía así a cubrir la situación de los trabajadores temporarios o de estación cuya situación no era contemplada por el Estatuto.

Fue durante la última dictadura militar que la normativa relativa al trabajo agrario fue modificada. Luego de más de 30 años de existencia, la ley de facto 22.248 (1980), denominada “Régimen Nacional del Trabajo Agrario”, derogó tanto el Estatuto del Peón de Campo como la Ley de Trabajo de Cosecha; dicha norma, reglamentada por el decreto 563 del año 1981, establecía para el trabajador rural un ordenamiento excluyente de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (LCT), la cual resultaba de aplicación supletoria durante la vigencia del anterior régimen legal.  Algunos autores consideran a esta norma como superadora de aquella dictada en los años cuarenta, en tanto brinda protección y reconoce un mínimo de derechos a las distintas situaciones que se presentan en el marco de un contrato de trabajo agrario. Sin embargo, el contexto histórico de su sanción, nos lleva a tener considerables reparos respecto de este tipo de afirmaciones.

Por su parte, la ley 25.191, del año 1999 estableció el uso obligatorio de la Libreta de Trabajo Rural para todos los trabajadores de la actividad agraria del país, tanto permanentes como transitorios y de cosecha.

Por último, la ley 26.727 del año 2011,  a la que nos hemos referido en entregas anteriores, estatuye el nuevo Régimen del Trabajo Agrario derogando la ley 22.248. En los considerandos del decreto 301/12 de promulgación, se establece que uno de los objetivos de la ley 26.727 es promover la elevación de los estándares de derechos de los trabajadores agrarios, con independencia de la característica de la tarea que realicen o la modalidad contractual que revistan, asegurando una instancia que les permita la mejora de las condiciones laborales así como la determinación y actualización de sus salarios.

Esta norma, retoma un lineamiento sustancial de la legislación de trabajo rural anterior a la ley 22.248 como es la aplicación supletoria de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). En tal sentido, los artículos 2 y 104 consagran la aplicación del régimen legal laboral general en todos aquellos casos en que no exista una regulación específica, en la medida que las normas de la LCT resulten compatibles y no se opongan a la naturaleza y modalidades propias del régimen de trabajo agrario.  Dicha normativa, constituye un paso importante en la protección del trabajador agrario, brindando un marco interpretativo protectorio de los derechos del trabajador, en un pie de igualdad con el resto de los trabajadores.

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