Basurales a cielo abierto, una historia de nunca acabar

Por Dr. Juan Francisco Barbaro Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata – Especialidad en Derecho Social y Ambiental

Uno de los denominadores comunes de la vida moderna es la generación de residuos. La sociedad de consumo se ha desentendido durante largo tiempo de las consecuencias del descarte de los productos que son consumidos en plazos cada vez más breves, con la consecuente problemática de la generación de residuos y su disposición, problema que al día de hoy no ha encontrado una respuesta satisfactoria.
Si bien parece haber una toma de conciencia al respecto, y muchas industrias prevén el modo de reutilizar o reciclar el packaging o los materiales de descarte del producto consumido o utilizado, dicha tendencia claramente no es mayoritaria, y los costos de la transformación del sistema de producción sigue siendo absorbidos en su mayor parte por la sociedad en su conjunto, una externalidad de los costos empresarios que costea la sociedad con tasas, salud y deterioro del bien común ambiental.
La gestión de los residuos sólidos urbanos se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales asociados a las concentraciones urbanas a nivel regional. América Latina es actualmente una de las regiones más urbanizadas del planeta, donde casi el 80 % de la población vive en ciudades, estimándose que cada latinoamericano genera un kilo de basura al día y la región en su conjunto, unas 541.000 toneladas, lo que representa alrededor de un 10% de la basura mundial.
En cuanto a nuestro país, según estimaciones oficiales, se produce una tonelada de residuos cada dos segundos (45.000 toneladas diarias). En promedio, un habitante de Argentina genera unos 1,03 kilogramos de residuos por día (variando dicho consumo según la localización; así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el promedio se ubica más cerca de los 2 kg/persona/día, mientras que en la Provincia de Misiones, más cerca de los 0,40 Kg./persona/día).
De acuerdo al informe sobre Basurales a Cielo Abierto presentado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en el año 2018, la ciudad de Coronel Suárez produce diariamente 26,60 toneladas de residuos sólidos urbanos, y cada suarense genera, en promedio, 0,7 kilogramos de basura por día.
La mayor parte de estos residuos termina en basurales a cielo abierto similares al de Coronel Suárez y localidades vecinas, con las consecuentes problemáticas: a nivel global, los basurales son una fuente de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en tanto la materia orgánica genera gas metano, cuyo efecto es 24 veces más potente sobre el clima que el dióxido de carbono; a nivel local, es fuente de contaminación de suelos y aguas, con el consiguiente peligro para la salud de los seres humanos y los ecosistemas. A su vez, los basurales son habitualmente objeto de incendios que generan gases contaminantes con potencial riesgo a la salud, un fenómeno habitualmente padecido por los suarenses.
Si bien hace pocos meses los medios se hicieron eco del cierre por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de seis basurales a cielo abierto en lo que va del 2017 al 2019, a la vez que se informaba de la existencia de otros 86 basurales a cielo abierto por cerrar, el optimismo desaparece ante la compleja realidad que se esconde tras los anuncios: debido a la saturación de los basurales «oficiales», se observa en las grandes ciudades de la provincia y en varios municipios del interior la proliferación de basurales «clandestinos», fuera de todo control municipal, donde terminan alojados los residuos domiciliarios no recolectados o, en casos, residuos particularmente peligrosos cuyos costos de generación sus propietarios no están dispuestos a asumir.
En materia de Gestión Integral de Residuos Urbanos, contamos en nuestro país con normativa de diverso rango: constitucional, convencional, nacional, provincial y local. Haremos aquí una breve reseña de la normativa nacional y provincial que regula dicha gestión.
La Ley Nacional Nº 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos sólidos urbanos (2004). En ella se definen a los residuos domiciliarios como aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados y a la Gestión Integral de Residuos como el conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Esta ley, establece presupuestos mínimos aplicables a los procesos de generación, disposición inicial, recolección, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final.
Específicamente, sobre los centros de disposición final, la Ley Nacional establece que estos deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población; y su emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de pos clausura, a la vez que se prevé que los mismos no sean ubicados en sitios inundables.
En la Provincia de Buenos Aires, en consonancia con los enunciados de la Ley Nacional, se dictó durante el año 2006 la La Ley Nº 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Entre sus principios, establece uno que resulta destacable por unificar la dimensión ambiental y laboral, cuya estrecha interrelación es habitualmente negada. En tal sentido el inciso 10 del artículo 3º establece que debe atenderse al aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la generación de empleo en condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante y atendiendo especialmente la situación de los trabajadores informales de la basura.
La norma provincial otorgó a los Municipios un plazo de cinco años desde la aprobación del programa para alcanzar una reducción progresiva de la totalidad de los residuos con destino a la disposición final (30%); como sanción ante el incumplimiento de estos plazos y metas, la reglamentación prevé la restricción o pérdida de preferencia en el acceso a partidas presupuestarias o créditos, sin perjuicio de la imposición de medidas que contrarresten el incumplimiento con cargo al Municipio. Lamentablemente, los datos relativos al logro de los objetivos no surgen de las estadísticas oficiales consultadas, sin perjuicio de lo cual, y en base a las proyecciones estadísticas que realizan distintas ONG ambientales, resulta poco probable que dicha meta se haya logrado en la mayor parte del territorio provincial.
En lo relativo a la erradicación de basurales, La ley establece que los Municipios debían presentar dentro de un plazo determinado, un Programa Integral de Gestión de residuos sólidos urbanos, el cual, entre otros requisitos, debía establecer entre sus objetivos erradicar la práctica del arrojo en basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos basurales en sus respectivas jurisdicciones. A su vez, establece la obligación de los municipios de clausurar dichos basurales mediante la eliminación definitiva de las prácticas de vertido de basura en el sitio y la recuperación ambiental del predio o bien la reconversión de las prácticas existentes de vertido, orientando su transición a un sistema controlado de disposición final en el mismo sitio.
La ley, a su vez, prohíbe expresamente la quema a cielo abierto o cualquier sistema de tratamiento no autorizado de disposición final, estableciéndose, para el caso de incumplimiento, la facultad del OPDS de cumplir con todas las fases del tratamiento conforme al Programa de Gestión presentado por el Municipio, con cargo a este último.
Tal como surge del breve resumen realizado, los avances en la materia no son del todo auspiciosos.
A modo de conclusión, agregaremos que somos partidarios de tratar la problemática ambiental priorizando las soluciones con una perspectiva institucional por sobre aquellas que hacen pie en las conductas individuales. No podemos dejar libradas las consecuencias del obrar humano sobre el medio ambiente al pensamiento voluntarista que nos propone como única solución la modificación de nuestra conducta de forma aislada. Reducir, reutilizar y reciclar son actividades necesarias que debemos realizar en nuestros hogares junto a nuestra familia, pero que deben constituir el inicio de nuestra acción, el piso y no el techo de nuestro compromiso con la cuestión ambiental. Participar y exigir a las autoridades son formas institucionales legítimas y necesarias a fin de evitar que lo individual diluya la dimensión social y colectiva de la cuestión ambiental y el bien común comprometido, y, fundamentalmente, son formas de responsabilizar a los actores institucionales a fin de que brinden soluciones a este tipo de problemas que afectan al común de la ciudadanía.

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